El Senado convirtió en ley la baja de la edad punible y estableció un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 14 y 18 años. La iniciativa impulsada por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. La norma ya había sido aprobada por Diputados y ahora espera la reglamentación y su publicación en el Boletín Oficial.

Bullrich celebró la sanción como un logro político propio y defendió el cambio de paradigma en materia penal juvenil. Señaló: “El Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito”.

La ministra afirmó que el nuevo régimen buscó revertir un sistema que consideró agotado. “Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”, sostuvo.

También defendió el enfoque punitivo de la iniciativa y lo vinculó con la política de seguridad del Gobierno. “Vinimos a poner orden y no nos da vergüenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles y hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, concluyó.

Tras la votación, la vicepresidenta Victoria Villarruel pidió un minuto de silencio por las víctimas de delitos y convocó a todos los senadores a ponerse de pie. El peronismo observó la escena y la titular del Senado aclaró que no podía imponer la medida, aunque finalmente todos los legisladores participaron del homenaje.

El peronismo rechazó el proyecto desde el inicio. Los senadores cuestionaron el perfil punitivo de la norma y advirtieron que los recursos asignados resultaban insuficientes para implementar el nuevo sistema. El presupuesto previó $23.700 millones para las provincias, monto que consideraron limitado frente a los costos de infraestructura y funcionamiento.

En ese marco, Jorge Capitanich sostuvo: “Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.

Desde el oficialismo, el senador Luis Juez rechazó las críticas y acusó al peronismo de falsear la discusión. “Mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”, afirmó. También sostuvo que las provincias debían asumir parte del financiamiento. “Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó.

La senadora Lucía Corpacci planteó la postura crítica del bloque opositor y pidió evitar reacciones emotivas en el debate legislativo. “Somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y construyan una sociedad mejor. Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, señaló.

También votó en contra el senador Gerardo Zamora, quien cuestionó la constitucionalidad de varios artículos y anticipó conflictos judiciales. El exgobernador afirmó que el proyecto generará “litigiosidad” y sostuvo: “En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.

El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo de Martín Soria, quien cuestionó con dureza el régimen aprobado. “A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”, afirmó.

La nueva ley creó un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años. Estableció que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos y fijó principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad. También garantizó asistencia jurídica desde el inicio del proceso y el derecho de los adolescentes a ser escuchados.

El régimen estableció un esquema de sanciones progresivo que incluyó medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de circulación. La privación de libertad quedó reservada para delitos graves y con límites estrictos de tiempo.

La norma incorporó además un rol central para las víctimas, con asistencia jurídica y psicológica inmediata y participación en las audiencias y procesos restaurativos. También previó centros especializados con acceso a educación, actividades culturales y atención de salud, además de la capacitación obligatoria para jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.