En medio del caso de Loan, el nene de 5 años que desapareció hace casi dos semanas en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, por el que se sospecha que haya sido víctima de una red de trata tras la intensa búsqueda por distintas zonas, el Senado de la Nación comenzará a tratar este jueves dos proyectos que tipifican la sustracción y/o comercialización de menores de edad.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, se reunirá a las 15 en el Salón Arturo Illia, enfrentando el desafío de reunir el quórum necesario en una semana de escasa actividad en el Senado. Se tratarán dos iniciativas de la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR), Carolina Losada, que no fueron consideradas durante la gestión anterior de Cristina Kirchner.

La primera ley propone prisión de tres a diez años para quienes reciban o entreguen a un niño o niña, con o sin mediación de precio, promesa de retribución o cualquier otra contraprestación. En esa línea, Losada expresó: «La legisladora santafecina plantea: «Debido a la falta de convocatorias a Sesiones Ordinarias de la anterior gestión de este Honorable Senado el dictamen conjunto sobre tipificación de ‘compra’ y ‘venta’ de niños acordado con fecha 19/10/22 (S-404/21, S-1232/22 Y PE-106/22. 06-02-2024) caducó por renovación bienal del cuerpo. Se trata de una problemática sumamente grave y aún sigue siendo una gran deuda para nuestra sociedad».

Por otro lado, según expresó el medio web El Parlamentario,  el segundo proyecto expresa: «El que promoviere, facilitare, incitare, indujere o instigare la corrupción de menores de 18 años con fines delictivos, será reprimido con prisión de 3 a 6 años. La pena será de prisión de 6 a 10 años cuando el niño o adolescente fuera menor de 13 años».

Y añade: «Cualquiera fuese la edad del menor, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, o por pago o promesa remuneratoria, como también si el autor fuera ascendiente, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de la educación o guarda».

Asimismo, la propuesta, respaldada por Pablo Blanco (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), establece que las penas se incrementarán entre un tercio y la mitad si el delito es cometido por un funcionario público o un miembro de una fuerza de seguridad.

También se agravarán las penas si las acciones delictivas del niño, niña o adolescente están relacionadas con los delitos descritos en la ley de estupefacientes Nº 23.737.