La discusión por el presupuesto porteño ingresó en su tramo decisivo. Jorge Macri avanzó con el dictamen en comisión y apostó a cerrar la votación antes del recambio legislativo. El objetivo fue claro: evitar un tratamiento con Pro en minoría y con una Legislatura más hostil, dominada por un peronismo fortalecido tras las elecciones locales.

El jefe de Gobierno enfrentó un escenario complejo. El peronismo anticipó un rechazo frontal y cuestionó el nivel de inversión en vivienda. Matías Barroetaveña afirmó que existió “una falta de apoyo a los inquilinos”. Esa postura dejó al oficialismo sin posibilidades de acuerdo con ese bloque. Con ese panorama, Pro apuntó a La Libertad Avanza (LLA), que se ubicó como árbitro de la discusión y condicionó su respaldo.

LLA mostró distancia desde el inicio. El bloque voto el dictamen del oficialismo con disidencias y dejó en claro que no entregaría un apoyo automático. La jefa de la bancada, Pilar Ramírez, avisó: “Nosotros vamos a votar el dictamen en disidencia parcial porque de cara al recinto tenemos algunas observaciones que nos gustaría que se siguieran considerando”. Esa frase expuso el tono de la negociación, marcada por un pedido de alivios fiscales y una reducción del gasto que Macri no planteó en los términos que pedía el espacio libertario.

En contraste, la UCR, la Coalición Cívica, Confianza Pública y los sectores referenciados en Horacio Rodríguez Larreta acompañaron el dictamen sin objeciones. Aun así, ese respaldo no funcionó como garantía, porque Pro necesitó los votos libertarios para alcanzar la mayoría.

La relación entre ambos espacios quedó atravesada por el pacto electoral sellado meses atrás. Esa alianza instauró una tregua en la Legislatura. Sin embargo, LLA detectó un terreno fértil para presionar y reclamó cambios profundos en materia tributaria. Los libertarios remarcaron que el triunfo de Manuel Adorni en la elección local fortaleció su posición y que el resultado nacional reafirmó su agenda de desregulación.

Entre las condiciones planteadas por LLA figuraron una bonificación del 100% en Ingresos Brutos para las tres categorías más bajas del régimen simplificado y del 75% para las cinco siguientes. También exigieron una baja en el impuesto a la herencia y en las alícuotas aplicadas a las operaciones inmobiliarias. A eso sumaron un recorte de estructuras estatales. Esas demandas impactaron de lleno en los ingresos proyectados por la Ciudad y abrieron un nuevo frente de tensión.

El Gobierno porteño calculó gastos por $17,4 billones y proyectó un superávit de $6000 millones. Ese equilibrio quedó condicionado por dos factores. Por un lado, las rebajas impositivas reclamadas por LLA. Por otro, la deuda que Nación acumuló con la Ciudad desde agosto, estimada en $274.000 millones. Además, el distrito reclamó US$6000 millones por los fondos recortados en 2020.

Macri llevó ese reclamo a una reunión con el ministro Luis Caputo. La conversación no terminó con un acuerdo y el Palacio de Hacienda solo aceptó “estudiar” el planteo. Pese a ese gesto acotado, en Pro aseguraron que la disputa no afectó las negociaciones legislativas.

Con la cuenta regresiva hacia el 27 de noviembre, Macri buscó asegurarse el presupuesto y las normas fiscales antes del recambio. El oficialismo asumió el riesgo de una Legislatura más adversa, con un peronismo fortalecido y un larretismo que intenta reorganizarse rumbo a 2027.
La pulseada con LLA definió el tono del final de un año legislativo marcado por la baja actividad y por la necesidad del Gobierno porteño de cerrar una votación clave para su plan político.