Según se desprende del proyecto de presupuesto, el Gobierno se propone ejecutar en 2023 una reducción del gasto del sector público nacional (esto es, la administración nacional más las empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes) del 1,2% del PIB. Según cálculos de la oposición las transferencias corrientes son las que presentan mayor caída, del orden del 14% en términos reales, básicamente por la reducción en los subsidios a las tarifas de agua, luz y electricidad. A las transferencias corrientes le siguen ajustes en las transferencias de capital.

En el interbloque de Juntos por el Cambio observan que, más allá de no coincidir con algunas previsiones macroeconómicas (entre ellas una caída de casi 40 puntos de inflación para diciembre del año próximo), el proyecto no es el “disparate” de otros presupuestos kirchneristas y, por lo demás, se ajusta bastante a las metas comprometidas con el FMI para renegociar la deuda. Si bien propondrá modificaciones al texto (entre ellas una cláusula para evitar un eventual excedente de recaudación se distribuya de manera discrecional), por ahora impera el ánimo de votar a favor en general.

La sola mención de la palabra FMI genera reticencia  en sectores del Frente de Todos, sobre todo en aquellos identificados con los movimientos sociales y el kirchnerismo. Cuando se votó el acuerdo, en marzo pasado, 28 diputados oficialistas votaron en contra (entre ellos Máximo Kirchner) y otros 13 se abstuvieron. El proyecto se aprobó por acción de los bloques opositores.

En el Frente de Todos se vive un clima de malestar contenido que se entremezcla con la resignación de cumplir con las metas pactadas con el FMI. Algunas voces críticas ya comenzaron a hacerse escuchar, como el caso del diputado Juan Carlos Alderete.

Este sector del oficialismo, el más sensible al termómetro social, le reclama a Massa que abra el grifo del gasto social. “Hay varias partidas que están por debajo de la inflación. Las becas Progresar, por ejemplo”, afirman. Un dato: el Gobierno les asignó a los ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación partidas con alzas que estarán por debajo de la inflación del 60%, es decir, sufrirán caídas en términos reales.

“Es un presupuesto de contingencia, con muchas restricciones dado que hay un acuerdo firmado con el FMI que te pone una meta fiscal”, reconoció el oficialista Itai Hagman.

“El debate tiene que ser cómo se cumplen esas metas, de modo de buscar la manera para que la forma de cumplir esas metas en ningún caso implique que el ahorro pase por alguna política social, educativa, de salud”, sostuvo Hagman, marcando la inquietud de algunos sectores de la alianza gobernante.

No son los únicos reclamos. Los legisladores oficialistas que responden a los gobernadores llegarán a la instancia de la firma del dictamen con una larga lista de pedidos de sus provincias. En esta oportunidad, la presión de los mandatarios se concentra en dos puntos: transporte y energía. Reclamarán una partida mayor para subsidiar el transporte del interior (el proyecto lo fijó en poco más de $66.000 millones) y pedirán una compensación (más subsidios) para las provincias “electrodependientes”, esto es, que demandan mayor energía por cuestiones climáticas.