Con la cuenta regresiva en marcha hacia el inicio del período ordinario en el Congreso, la Casa Rosada ya proyecta un 2026 cargado de debates parlamentarios. Sin elecciones en el horizonte, el oficialismo considera que el escenario es propicio para avanzar con reformas estructurales que quedaron en pausa y que comenzarían a discutirse desde el 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias.

En ese marco, dentro del oficialismo admiten que el volumen de iniciativas será considerable. “Todavía falta mucho por definir, pero hay al menos entre 40 y 50 proyectos de ley de todas las áreas para enviar”, confesó un integrante de la mesa política que responde al mandatario.

Superado febrero, el Poder Ejecutivo se prepara para afrontar un año legislativo sin condicionamientos electorales, una variable que, según interpretan, les permitirá insistir con medidas que consideran centrales para la segunda mitad del mandato.

Mientras el temario de las sesiones extraordinarias ya está cerrado y se busca mantener bajo reserva buena parte de las iniciativas que se anunciarán en marzo, una fuente con acceso al armado legislativo señaló que, una vez aprobado el proyecto de Reforma Laboral, el Gobierno intentará avanzar con cambios en el Código Penal y una reforma del sistema tributario.

Sobre esta última, la información disponible es escasa. Desde la Casa Rosada reconocen que el esquema impositivo aún está en elaboración, atravesado por las dificultades para compatibilizar una baja de impuestos con el impacto fiscal que implicaría para las cuentas públicas.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, el objetivo es simplificar el sistema y reducir la carga sobre las personas físicas, al tiempo que se promuevan incentivos para el desarrollo de los mercados. Por ahora, las definiciones oficiales se limitan a la modificación del Impuesto a las Ganancias y a la implementación de un “IVA dividido”. “La idea es generar competencia impositiva entre las provincias”, había anticipado el funcionario, antes de precisar: “Lo vamos a dividir entre nacional y provincial. Nosotros cobraríamos el 9% sobre el 21%“.

En este contexto, el Ejecutivo resolvió incorporar un apartado impositivo dentro del proyecto de “Modernización”Laboral», una decisión que generó reparos en varios gobernadores, especialmente por el recorte en la alícuota de Ganancias a las sociedades y su impacto directo en la coparticipación.

En paralelo, y luego de frustrarse la intención de tratarlo en febrero, el área judicial del Gobierno trabaja contrarreloj para cerrar el texto de la reforma del Código Penal, que —según prometen— estaría lista en la primera quincena de febrero. El proyecto contempla más de 900 artículos y un endurecimiento de las penas para delitos considerados graves, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas, que el oficialismo busca sancionar con rapidez.

Otro de los proyectos que ingresará al Congreso apunta a introducir modificaciones en la Ley de Salud Mental. La iniciativa, impulsada por el ministro de Salud, Mario Lugones, responde a un reclamo sostenido de familiares, profesionales y fuerzas de seguridad, y propone habilitar internaciones involuntarias en situaciones específicas, con autorización judicial, además de la creación de centros especializados para el tratamiento de pacientes.

También permanecen pendientes algunas resoluciones surgidas del Consejo de Mayo. Entre ellas, la Ley de Libertad Educativa, que establece la obligatoriedad escolar desde los 4 años hasta la finalización del secundario, fija una carga horaria mínima por nivel y amplía la autonomía de las instituciones para definir planes de estudio dentro de contenidos básicos consensuados a nivel federal. A esto se suman otros proyectos derivados del tratamiento de ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo firmado en Tucumán.

Frente al déficit de vacantes en el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia evalúa enviar al Senado los pliegos necesarios para ampliar la integración de la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti. Además, se prevé un envío masivo de postulaciones a partir del 1° de marzo, en un contexto en el que casi el 37% de los cargos de la Justicia Nacional y Federal se encuentran sin titular.

En materia de seguridad e inteligencia, el área que conduce el asesor presidencial Santiago Caputo trabaja en una eventual tercera reforma de la Ley de Inteligencia Nacional, que incluiría una revisión de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Seguridad Nacional. Por el momento, desde su entorno evitan precisar plazos o detalles del contenido.

Aunque en Balcarce 50 reiteran que el paquete de más de 40 proyectos está en preparación, prefieren no adelantar cuáles serán los ejes centrales y reservan los anuncios más relevantes para el discurso presidencial de apertura de sesiones. Sí aclaran que cualquier modificación al sistema previsional no está prevista antes de 2027. “Quedarán para el próximo mandato”, admitieron con optimismo ante este medio.

El equipo encargado de la negociación parlamentaria también contempla la posibilidad de que algunas iniciativas no logren sanción completa durante las extraordinarias y deban retomarse más adelante. Con un calendario ajustado y los feriados de Carnaval en el medio, ya diseñan una hoja de ruta que podría extenderse más allá de marzo.

Finalmente, el arranque formal del año legislativo implicará una revisión de la mesa política que encabeza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya continuidad está atada al funcionamiento interno y al desempeño de los distintos actores. En ese marco, y ante el reclamo persistente de los gobernadores patagónicos, este mediodía el equipo volverá a reunirse para analizar el pedido de incorporar al temario el tratamiento de la Ley de Emergencia Ígnea.