La Ley 12.256, en su artículo 212, establece que cada trabajador social del Patronato de Liberados -el único organismo postpenitenciario de la Provincia, un ente autárquico que depende del Ministerio de Justicia bonaerense- “debe tutelar, como máximo, a 30 liberados o condenados condicionales, excarcelados, eximidos de prisión, condenados con libertad asistida y probados con suspensión de proceso”. Sin embargo, cada uno de los 1.045 empleados del organismo tiene a su cargo, en promedio, a 80 tutelados.

“Lo del control nos da risa porque lo único que podemos hacer es ir una vez por semana a ver si la persona está. Pero esa persona sabe que nadie vuelve hasta la semana siguiente”, explican los empleados del Patronato de Liberados.

Al borde del colapso, desde el 8 de agosto pasado, tras la masacre de la familia Mansilla, los asistentes sociales de la institución tienen una tarea extra: encargarse del monitoreo de los 300 detenidos con sistema de pulsera electrónica, una tarea asignada por ley al Servicio Penitenciario.

Para César Baliña, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la decisión del Ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, fue una salida elegante para responder a la masacre, pero “no muy oportuna porque deberían resolverse varias cuestiones antes de que el Patronato se haga cargo de los presos con la pulsera electrónica”.

Tres empleados del organismo denunciaron que “le siguen mintiendo a la sociedad cuando dicen que hay políticas contra la inseguridad porque todo sigue igual”.

El Patronato está desbordado y sus empleados no pueden cumplir con la tarea para la que fueron contratados: “Nuestra función es colaborar con la reinserción social de los tutelados. No deberíamos controlarlos, en primer lugar porque ninguno de nosotros pertenece a las fuerzas de seguridad ni está armado. Constantemente corremos riesgo físico porque los tutelados saben que tenemos la obligación de informarle al juez si están o no en su domicilio. De los informes negativos se enteran y nosotros tenemos que volver a riesgo de ser amenazados”, lanzan indignados.

Pero el problema es aún mayor porque monitorear no es su única tarea. “Desde hace tiempo, los jueces empezaron a pedirnos más cosas, informes socio-ambientales que debería elaborar la saturada Asesoría Pericial e informes de pre-egreso de quienes están por recobrar la libertad. La enorme cantidad de actividades que se nos exigen repercute directamente en la calidad de nuestro trabajo”, se quejan.

Los empleados denuncian también que en el organismo abundan los casos en los que personal no capacitado ocupa puestos jerárquicos y el sitio web oficial les da la razón. Allí están colgados los currículum vitae de todos los trabajadores, incluso el de la subdirectora de Coordinación y Ejecución Penal, de la región II, Cristina Imoli, quien no sólo no es especialista en asistencia social sino que ni siquiera tiene el secundario completo.

La razón, explican, es que en 2004 los asistentes sociales con o sin título habilitante fueron nombrados y quedaron a cargo de las delegaciones. Lo mismo sucedió con los beneficiarios de planes sociales, quienes por “decreto” terminaron ocupando cargos administrativos con distintas jerarquías. Como resultado, profesionales calificados terminaron siendo supervisados por personas menos o nada calificadas.

La experiencia se repitió en 2006 y 2007. Fueron incorporados mayoritariamente (en un 50 por ciento, se atreven a decir los tres empleados) estudiantes aún no recibidos, sin matrícula ni experiencia.

TODO X 600 PESOS.

Es lo que cobran por 30 horas de trabajo semanal los empleados de sueldo básico, sumados a otros mil pesos que denuncian “en negro”. El representante gremial aclara que “desde el Gobierno insisten en que sobra voluntad política para recomponer el salario pero faltan ofertas concretas”.

A la magra renumeración por desempeñar una actividad por momentos riesgosa, y a la falta de personal, se agregan las condiciones de precariedad de las instalaciones.

SILENCIO OFICIAL

Juan Carlos Anglada es el titular del Patronato de Liberados y se niega a brindar entrevistas y expresarse públicamente.

“La situación es muy crítica”, afirmó Viviana Ibáñez, presidenta del Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires (CATSPBA).

Sin embargo, Ibáñez se mostró optimista. “Tengo puestas las esperanzas en llegar a un entendimiento con las autoridades del organismo porque estamos teniendo reuniones con la cúpula de la institución”.

Fuente: Diario Crítica de la Argentina