El intendente Posse reclama a la Provincia una partida presupuestaria de 12 millones correspondiente al Plan Federal de Seguridad. Dice que es necesario para solucionar el problema de la inseguridad en San Isidro. Es un justificativo, igual que el anuncio de Scioli de fondos para este servicio Federal que aumentará la capacidad represiva (y mafiosa) de los estados provincial y municipal.
En su discurso de lanzamiento de campaña (7/5), Posse declaró “en el año 2000, San Isidro comenzó a cooperar fuertemente con el gobierno provincial en materia de seguridad, aún sin tener ninguna competencia en la materia comenzó a aportar cuantiosos recursos y creó el programa municipal de Cuidados Comunitarios. Es así como contamos con móviles para patrullajes propios contratando policías adicionales, instalando cámaras de seguridad en todo el partido, aportamos chalecos, municiones, gasolina, construimos y equipamos fiscalías y comisarías, entre tantas políticas que se intensifican permanentemente, insisto con recursos de nuestra comunidad y sin que el municipio tenga competencia en el tema”.
Pero el crimen organizado aumentó. El “plan” de Posse fracasó. Pero igual quiere ir por más: quiere poner muros que separen a pobres de ricos, quiere mandar la gendarmería a hacer razzias a La Cava y otros barrios populares, desalojos mediante, mientras el crimen progresa de la mano de verdaderos ejércitos de seguridad privada y policías corruptos. La inseguridad viene de arriba.
Por eso el Partido Obrero propone:
Deben ser destituidas las cúpulas policiales por sus múltiples y comprobados lazos con el delito organizado. A partir de allí, debe establecerse una fuerza de seguridad ciudadana construida sobre nuevas bases; sus cuadros deben ser reclutados y seleccionados bajo el control de organizaciones sociales y de derechos humanos.
Segundo: los libros de guardia y partes diarios de las comisarías deben estar sometidos al control de representantes electos: así vamos a terminar con las zonas liberadas, con el gatillo fácil y los chicos muertos en las comisarías.
Tercero: elección popular de los jueces, que rindan cuentas periódicamente ante la población sobre sus fallos.
Cuarto: que los bancos abran sus cuentas y que sean directamente nacionalizados para poner fin al lavado de dinero; lo mismo vale para los casinos y la especulación inmobiliaria.
La descomposición del Estado y de la sociedad capitalista no debe ser pagada por sus jóvenes, condenados a la desocupación y la destrucción del paco; ni el trabajador sometido a la inseguridad cotidiana; ni por la mujer expuesta a las redes de trata de personas.
El jueves 25 el Partido Obrero realizará un acto contra la inseguridad a las 17 horas en la estación de San Isidro. Hablarán Margarita Cuellar, primera candidata a concejal en San Isidro, y Walter Sánchez, segundo candidato a concejal.
