La presencia de Victoria Villarruel el último martes en Intratables terminó de dar sentido a las declaraciones negacionistas del titular de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, cuarenta y ocho horas antes en otro programa de la misma señal, América TV, de clara filiación macrista. Villaruel es abogada y fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que, según se lee en su página web, se dedica a la “asistencia de las víctimas del terrorismo en la Argentina. Nuestro trabajo se desarrolla tanto en el contexto nacional como en el internacional, con el fin de hacer visibles a las víctimas, trabajar por el reconocimiento de sus derechos y aportar nuestro esfuerzo en pos de la verdad histórica.” El revuelo generado por los dichos del veterano de Malvinas y ex carapintada, incluso (muy tímidamente) en la interna de la coalición gobernante, Cambiemos, le vino como anillo al dedo a esta panegirista de la teoría de los dos demonios.
No se comprendió, un poco por la lógica bulliciosa (por decirlo suave) de Intratables y otro tanto porque Villaruel no termina nunca de precisar el objeto de su predicamento, qué busca el Celtyv.
Si fuera la reapertura de los juicios penales por los crímenes cometidos por las organizaciones político-militares en la década del setenta, la ley le augura seguir fracasando: para estos, a diferencia de los perpetrados por el Ejército, no vale la imprescriptibilidad que sí se estipula para los delitos de lesa humanidad, calificativo que sólo cabe para los planeados por el Estado, habida cuenta de la disparidad de fuerzas que había entre unos y otros. Si, en cambio, estuviese pidiendo resarcimientos patrimoniales o algún otro tipo de reparación, sí sería debatible.
En este entendimiento, es lalucha de la familia de Juan José Rucci por el juzgamiento del asesinato del ex secretario general de la CGT en 1973, a manos de Montoneros dos días después de la última consagración presidencial del general Juan Domingo Perón, lo que desautoriza a Villaruel. En efecto, conocedores los letrados de la familiaRucci de la barrera infranqueable que supone la desemejanza entre el terrorismo de Estado y el común, alegan la supuesta participación en el crimen de Ernesto Jauretche, sobrino del célebre don Arturo y por entonces subsecretario de Asuntos Municipales del gobernador bonaerense, Oscar Bidegain, uno de los que aquella juventud sentía tropa propia. Ello daría una pátina de intervención estatal en el hecho. Ingenioso intento, pero también insuficiente. Aunque así hubieran sido las cosas, ello no alcanzaría para probar una mecánica, en este caso del Estado provincial, diseñada en función de la matanza de personas y demás.
Esto explica que Gómez Centurión haya puesto énfasis, justamente, en negar la existencia del plan sistemático establecido en incontable jurisprudencia local e internacional ya desde el Juicio a las Juntas ordenado por el presidente Raúl Alfonsín en el año 1985. La única opción para quienes todavía en 2017 insisten en frenar la marcha de Memoria, Verdad y Justicia es desmentir esa proyección que el mismísimo Jorge Rafael Videla, en diálogo con Ceferino Reato, describió.
En cualquier caso, es alarmante para la salud de una política de Estado, como lo es la del esclarecimiento de lo acontecido en la última dictadura, que un resultado electoral conmocione el statu quo en la materia. Independientemente de que el presidente Mauricio Macri coincida o no con los apologistas de la impunidad, o del grado de colaboración que su espacio pueda o no tener con el accionar negacionista, es poco menos que irrebatible que su éxito le ha dado aire y márgenes políticos a ese sector. En su página de Facebook, el analista económico, Mariano Grimoldi, suele decir que un gobierno se define, en buena medida, por los temas que pone a discusión. Y ya son varios loscambiemistas que se han expresado en idéntica dirección como para creer que se trata de episodios inconexos. Cualquiera que explore un cachito las redes sociales podrá comprobar que numerosas figuras públicas de orientación amarilla le reclaman a la vigente administración que revierta lo actuado por el kirchnerismo en lo que hace a este asunto.
Ése es el fenómeno político a indagar: el macrismo está implicando un debilitamiento del Nunca Más, más allá, y desde antes, de lo de Gómez Centurión, apenas un ejemplo más de esa regresión.
Que se oponga la designación del general César Milani durante el kirchnerismo como jefe de las FFAA en forma de justificación de las afirmaciones del actual funcionario es la mejor demostración de esto. Lo que importa son los procesos políticos mirados en su globalidad, no los casos individuales aislados. Aún si la situación procesal de Milani fuera preocupante, ¿significó su nombramiento un retroceso en la política de DDHH del kirchnerismo, o en los juicios de lesa humanidad? No. Todo siguió exactamente igual en ese aspecto que desde 2003.
Todo gobierno es más que sus miembros. Es, fundamentalmente, las fracciones sociales en que se apoya, que son lo que dan contorno a sus decisiones. Así, lo más probable es que el macrismoconlleve un impulso a la revisión regresiva del Nunca Más debido a que representa a los segmentos civiles que formaron parte de la última dictadura, quienes desean detener la política de Estado de enjuiciamiento y castigo de aquel genocidio porque, de prolongarse, podría poner en tela de juicio tanto a ellos como a los casilleros sobre los que avanzaron entre 1976 y 1983.Macri no es la dictadura pero están pasando cosas que no pasaban en ese terreno previo a su asunción.
Se verá, pero, por el momento, ya es grave que estemos siquiera polemizando acerca de la posibilidad de, por lo menos, matizar lo obrado en cuanto a DDHH desde el 25 de mayo de 2003. Macri no tiene cómo eludir la responsabilidad que le toca en esta cuestión, porque nada ha hecho para cortar en seco las animaladas de quienes lo sustentan. Y será difícil que logre sanarlo alguna vez, toda vez que la posición oficial es admitirlas como si se tratara de una mera opinión más. Por otro lado, se alimenta de estos escándalos. Es el precepto duranbarbista: que se hable de lo que sea, excepto de la (desastrosa) gestión. Pero deberían abstenerse de jugar con algo tan sensible.
En el año 1999, JörgHaider, nazi confeso, presentó su postulación como primer ministro de Austria. La Unión Europea exigió entonces a ese país la cancelación de dicha candidatura, con base en los derechos y garantías ciudadanas que, como socio de tal organismo de integración supranacional, se obliga a respetar. Argumentó la UE que Haider, sólo con lo que había dicho, ni siquiera con lo que todavía no había podido hacer, ya había puesto en peligro ese orden jurídico. Aunque eventualmente hubiese vencido en las elecciones --agregó--, el sistema comunitario aspira también a la preservación de las minorías; las que pudieran no haber elegido a Haider en las urnas.
Sabrán, pues, cómo proceder quienes presumen de manejar el mundo mejor que nadie por aquí.
Pablo Daniel Papini
