En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y en el décimo sexto anivelsario de la Campaña por el Aborto Legal en nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación presentó el protocolo nacional de acceso y práctica de la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. 

La presentación se realizó de manera virtual y fue transmitida por el canal de Youtube del Ministerio. Contó con la presencia de la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, entre otras funcionarias y Marta Laniz, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. 

Vizzotti, que se encontraba en Cuba en la negocación de vacunas, estuvo acompañada de la Asesora Presidencial, Cecilia Nicolini, y desde allí remarcó que el protocolo es “una guía para todo el sistema de salud, independientemente de la cobertura social” y enfatizó en que es una herramienta “para alcanzar mayor justicia social”. 

“Presentar esta resolución ministerial en este día en un momento como el que estamos pasando nos llena de orgullo”, expresó la jefa de la cartera de Salud nacional, quien se refirió al protocolo como “un marco legal para que los equipos de salud puedan seguir trabajando, sorteando todos los obstáculos”. 

Por su parte, Gómez Alcorta destacó especialmente la importancia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo N°27.610, que “vino a sacar de la clandestinidad la decisión de miles de mujeres y personas gestantes” y a “reivindicar ese derecho a decidir con autonomía sin presiones externas”.

Ibarra se centró en la Ley como “producto de luchas de muchísimos años” e hizo hincapié en tomar “dimensión de la enorme conquista” que esto significa, ya que no es algo que “viene de arriba”, en referencia a la campaña que llevaron adelante los movimientos sociales y las mujeres de nuestro país. 

Dentro de los aspectos más importantes del protocolo se encuentra lo relativo a la objeción de conciencia, que debe contemplar los principios de “no obstaculización” y la derivación “de buena fe” de manera individual y no institucional cuando de manera excepcional se niega a la provisión de servicios de ILE/IVE.

También se enfatizó en la importancia de la atención posaborto, la cual es responsabilidad y obligación del sector de salud público y/o privado, así como el acceso y la práctica en sí.