En primer lugar, se incorporó por lectura la indagatoria del ex jefe del Comando de Institutos Militares y representante argentino ante la Junta Interamericana de Defensa en los primeros años de la dictadura, Santiago Omar Riveros. El tono de sus dichos, reiteró la soberbia y el cinismo contenido en su discurso de despedida de Campo de Mayo –que fuera referido en la primera audiencia- y en las declaraciones judiciales y periodísticas de los primeros años de la vuelta al régimen constitucional.

Así, de voz de la Secretaria del Tribunal, se pudo saber que según el ex general, se considera “un prisionero político en manos del enemigo” y que “numerosos terroristas de ayer forman parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de hoy”.

Paradójicamente, el ex militar afirmó que sus derechos constitucionales están siendo violados, afirmando que los juicios son continuidad de la “guerra revolucionaria por otros medios”.

Reiterando el histórico discurso de los jerarcas militares y demás cómplices de la dictadura genocida, sus palabras mostraron una actitud notoriamente exenta de todo tipo de arrepentimiento.

Las declaraciones del represor indagado volvieron en torno a la “obediencia debida” de las Fuerzas Armadas para con el poder. Así, se leyó textualmente que según Riveros el “combate contra el terrorismo” comenzó “antes del inicio del gobierno militar”, asegurando que sus orígenes estuvieron en los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y su sucesora María Estela Martínez de Perón.

Su búsqueda de justificar mediante expresiones como “guerra no convencional”, para describir la represión brutal y el genocidio perpetrado contra todo el pueblo argentino, se notaron tanto en relación a sus opiniones sobre el período de 1974/1983, como en relación a los hechos del crimen de Floreal “Negrito” Edgardo Avellaneda y las torturas infringidas por personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la Comisaría de Villa Martelli y el campo de concentración “El Campito”, que funcionara en Campo de Mayo.

Riveros expresó que del informe médico no surge que Floreal Avellaneda haya sido torturado, que no hubo una autopsia del cuerpo y tan sólo sí un reconocimiento exterior del mismo, contrariando palmarias pruebas aportadas por los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Julio Viaggio y Jorge Álvarez, a la causa en 1984, y que daban cuenta de que el cuerpo del joven Floreal Avellaneda había aparecido en mayo de 1976 en las costas uruguayas del Río de la Plata maniatado y con signos de evidentes torturas.

Los dichos de Riveros, leídos en la audiencia del miércoles, pretendieron negar lo que ya ha sido probado en la Causa 13 y otros juicios por crímenes del terrorismo de Estado, en torno a la ilegalidad de los procedimientos de las fuerzas represivas durante la dictadura. Lo mismo que la organización de un plan sistemático de represión con amplias facultades discrecionales para los cuadros intermedios del Ejército y otras fuerzas represivas para llevar a cabo tal plan.

Mientras que las palabras de Riveros aseguraron que todas las órdenes en el marco de la “guerra contra la subversión” fueron por escrito, señalando que habría que buscar en el Comando del Ejército las constancias de las mismas, “o en su caso preguntar al presidente de la Nación”, las de su entonces subordinado Coronel García, en cambio, expresaron que no existían órdenes escritas y que las atinentes a la “lucha antisubversiva” las daba Riveros, marcando una importante contradicción.

También en la lectura de los dichos de García se volvió a palpar en la sala el cinismo de los militares involucrados en el terrorismo de Estado. Al leerse un párrafo vinculado a las funciones de las fuerzas armadas en los “operativos antisubversivos” tal como ellos denominaban a las acciones de las patotas y grupos de tareas de las fuerzas conjuntas, el ex Jefe de Infantería de Campo de Mayo expresó que los militares podían detener a quienes “poseyeran armamento, tuvieran panfletos o se mostraran dubitativos” ordenando su posterior traslado a dependencias del Ejército o de fuerzas de seguridad como la policía.

Estas palabras no pueden remitir a otro concepto que el esbozado por uno de los más activos promotores y protagonistas del Estado terrorista: el ex gobernador de Buenos Aires de la dictadura, Ibérico Saint Jean, quien alguna vez espetó: “primero eliminaremos a los subversivos, luego a sus colaboradores y seguidamente a los simpatizantes, los indiferentes y los tibios”.

Las contradicciones de varias de las declaraciones con las del policía Aneto de la semana pasada, en cuanto al poder de los militares en relación a las fuerzas subalternas –léase policía, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario- mostraron como una prueba más de las que día a día se revelan en este juicio, la coordinación de fuerzas represivas genocidas durante la última dictadura militar.

El acto concluyó con las escuetas declaraciones de Fragni, Harsich y Verplaetsen, quienes dieron cuenta del espíritu de cuerpo con que los perpetradores del plan criminal enfrentan este y otros juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los ´70.

La convocatoria a una próxima audiencia para el día lunes 11 de mayo a las 9 horas, anunciada por la presidenta del Tribunal Lucila Larrandart, encendió de todos modos la expectativa en la mayoría del público.

En esa ocasión, Iris Avellaneda y su compañero Floreal deberán declarar como testigos, lo mismo que Arsinoe y Azucena, hermanas de éste último, y quienes hicieron las primeras denuncias contra el operativo terrorista y que junto con el matrimonio Avellaneda, la Liga y el Partido Comunista han mantenido viva a lo largo de todos estos años, la memoria y la causa del “Negrito”.

Esta jornada que seguramente se convertirá en un acto público de lucha contra la impunidad, denuncia del terrorismo de Estado y reclamo unitario por justicia y castigo a los criminales, convocará además de los declarantes y sus abogados, a una inmensidad de dirigentes políticos, sociales y de organismos de Derechos Humanos a los juzgados de San Martín.