La decisión oficial de frenar la publicación del nuevo índice de precios no solo alteró la agenda del INDEC. También dejó en evidencia que la inflación acumulada era más alta bajo la metodología actualizada y que la caída real de los salarios resultó más severa.

Entre noviembre de 2024 y diciembre de 2025, el IPC vigente marcó un alza del 259%. Con la fórmula nueva, la suba alcanzó el 273%. El investigador de la Universidad Di Tella, Martín Rozada, estimó que la medición actual subestimó la evolución de los precios en unos 14 puntos porcentuales.

La diferencia tuvo una explicación técnica. El Gobierno mantuvo una canasta de consumo basada en patrones de 2004 y 2005. Ese esquema incluyó bienes con menor peso actual y redujo la incidencia de rubros que ganaron participación en el gasto de los hogares, como servicios públicos y precios regulados. El resultado fue una medición que amortiguó el impacto del ajuste tarifario, en especial durante 2024.

El efecto alcanzó también a los salarios. Con un índice desactualizado, la comparación entre ingresos e inflación ofreció un deterioro menor al real. Según LCG, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el salario registrado cayó 6,4% con el IPC actual. Con el nuevo indicador, la baja trepó al 10,4%.

Empiria calculó una brecha cercana a los seis puntos. Otras consultoras estimaron un deterioro todavía mayor.

Desde Vectorial señalaron: «El uso de un IPC actualizado permitiría dimensionar con mayor precisión la pérdida real de poder adquisitivo. Según nuestros cálculos, mientras el salario registrado promedio acumula una caída cercana al 6% utilizando el IPC oficial, la pérdida supera el 13% cuando se ajusta por la canasta de consumo 2017/2018».

La discusión impactó de lleno en las paritarias. Antonio Andrés Navarro, economista de LCG, afirmó: «Puede que uno de los motivos de la suspensión de la actualización del índice haya sido, de cara a las negociaciones por la reforma laboral, la necesidad de no reconocer un deterioro más pronunciado en el poder adquisitivo de los salarios. Ya si esto se traslada a paritarias va a depender del poder negociación de los sindicatos, que difiere entre rubros, aunque pareciera en general mermado».

En enero, la inflación alcanzó el 2,9%, el registro más alto desde marzo. Ningún gremio reclamó el uso del nuevo índice que el INDEC tenía previsto difundir, pero cuya publicación se suspendió. La decisión derivó en la salida de Marco Lavagna del organismo. De todos modos, consultoras privadas estimaron que con la metodología actualizada el dato de enero se ubicaba entre 2,7% y 2,8%.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, sostuvo: «Respecto a noviembre del 2023, la nueva fórmula del IPC daría cuenta de una caída mayor en el salario respecto a la que se usa hoy. Dependerá de qué posición tomen los trabajadores y sus representantes en las negociaciones respecto a la representatividad del IPC. En particular, porque hay caídas en el empleo registrado mientras entre septiembre y noviembre cayó mes a mes el salario en ese sector».

El Gobierno fijó además un límite en las negociaciones salariales. No homologó acuerdos que superaron una pauta de entre 1% y 2%. En paralelo, la inflación tomó impulso desde abril, cuando se establecieron bandas cambiarias y el dólar aceleró su ritmo. En enero, el Ejecutivo ajustó esas bandas y luego oficializó la marcha atrás con el nuevo IPC.

Desde Econviews evaluaron: «En el frente local, el propio Gobierno terminó autogenerándose un dolor de cabeza con el INDECgate. Todo indica que el objetivo era mostrar mejores números de inflación durante 2026, año en el que las tarifas iban a subir más que el promedio de los precios. Pero el cambio termina afectando a un Gobierno que tiene a la credibilidad como uno de sus mayores activos».

La consultora que dirige Miguel Kiguel planteó otra incógnita: «el gran interrogante es si la gente va a creer en las próximas publicaciones del INDEC o si se van a tomar decisiones en base a otros índices de inflación, como por ejemplo el IPC de CABA (ya ocurrió en el pasado)». Y advirtió: «Esta polémica desnuda una preocupación del Gobierno: la fragilidad del proceso de desinflación. Ya no todo marcha acorde al plan».

El debate superó lo técnico. La discusión sobre la canasta y la metodología abrió un frente político y sindical en un momento clave para la reforma laboral y para la estrategia oficial de desaceleración inflacionaria.