La aprobación de la reforma laboral fortaleció al oficialismo en el Congreso y abrió una nueva etapa política. Con las sesiones extraordinarias cerca de su cierre, en Casa Rosada ya miran hacia la próxima batalla: la reorganización del órgano judicial y la futura designación de jueces, en especial en la Corte Suprema.

En ese escenario volvió a circular el rumor sobre una posible salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia. La versión indica que podría dejar el cargo tras la aprobación de la Ley Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años, lo que abriría formalmente la disputa por el control del área a partir de marzo.

El propio ministro alimentó la incertidumbre. Luego de haber evaluado su renuncia, aseguró en febrero que continuará por pedido directo de Javier Milei y Karina Milei. «Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas«, afirmó. También sostuvo que seguirá «por el cariño a la justicia» y con la intención de dejar una huella jurídica.

Sin embargo, puertas adentro el equilibrio es frágil. En diciembre, Cúneo Libarona había manifestado su intención de dar un paso al costado, pero Karina Milei lo convenció de continuar para frenar el avance de su viceministro, Sebastián Amerio, cercano al asesor Santiago Caputo. Desde entonces, la tregua es considerada inestable y el margen político del ministro aparece reducido.

El antecedente de 2024 pesa en la estrategia oficial. El intento de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte fracasó en el Senado y dejó expuesta la debilidad parlamentaria del Gobierno. Desde entonces, en la Casa Rosada predomina una postura más cautelosa: cualquier movimiento deberá contar con acuerdos amplios y votos asegurados.

La discusión es clave porque la Corte funciona hoy con tres miembros, lo que obliga a fallos unánimes o a recurrir a conjueces. En el oficialismo no descartan ampliar el tribunal de cinco a siete integrantes como parte de una negociación más amplia con sectores del peronismo y gobernadores.

En paralelo, el trasfondo es estructural: más del 35% de los cargos judiciales están vacantes y, pese a que el Consejo de la Magistratura elevó ternas, el Ejecutivo no envió nuevos pliegos al Senado desde el inicio de la gestión libertaria. Además de la Corte, están en juego la Procuración General, la Defensoría General y la Defensoría del Pueblo.

Lo que se define es quién conducirá la estrategia judicial del mileísmo en una etapa de alta tensión. Más que un cambio de nombres, la pulseada gira en torno a una de las áreas más sensibles del Gobierno.