El Ministro Massa y la Ministra Olmos reconocen que el objetivo es 60%, con miras a desacelerar la inflación; comenzó el diálogo con los gremios de mayor peso.
El Gobierno Nacional reconoció que aspira a que las paritarias tengan un techo de 60% para que los aumentos salariales estén en línea con la política económica de reducción de la inflación, y la pauta inflacionaria aprobada en el Presupuesto 2023. El propio Sergio Massa, comenzó a avanzar en conversaciones informales, con importantes referentes gremiales, siempre contemplando una cláusula gatillo.
“No es un acuerdo (ya cerrado) , es una política que propiciamos”, sostuvo por su parte, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, al ser consultada sobre conversaciones que mantuvieron funcionarios del Gobierno nacional con representantes gremiales acerca de las negociaciones salariales de este año.
“Del mismo modo que el año pasado ante la explosión inflacionaria el gobierno impulso la reapertura y revisión de las paritarias para evitar que hubiera una pérdida significativa del poder adquisitivo de los salarios, ahora conversamos con distintos actores sobre la necesidad de converger hacia una desaceleración de la nominalidad”, explicó Olmos.
En declaraciones radiales, la funcionaria sostuvo que esta intención oficial forma parte de una política del Gobierno de reducción de la inflación como una herramienta adicional para la recuperación del poder de compra de las remuneraciones.
“Converger al nivel pautado de inflación, más algún punto de recuperación y sumando a eso la reducción de la inflación también implica una recuperación del poder adquisitivo”, afirmó la ministra.
Consultada sobre la opinión de los sectores gremiales, Kelly aseguró que “en general la CGT apoya esto porque hay una conciencia que la inflación afecta a los trabajadores”.
Olmos aprovechó la oportunidad para negar que el Gobierno impulse una reforma de la Ley de Contrato de trabajo, aunque admitió que se avanza en actualizaciones de los convenios a partir de las nuevas tecnologías y nuevos objetivos empresariales.
La ministra relativizó así las declaraciones del nombrado asesor presidencial Antonio Aracre.
“Del mismo modo que el año pasado ante la explosión inflacionaria el gobierno impulso la reapertura y revisión de las paritarias para evitar que hubiera una pérdida significativa del poder adquisitivo de los salarios, ahora conversamos con distintos actores sobre la necesidad de converger hacia una desaceleración de la nominalidad”, explicó Olmos.
En declaraciones radiales, la funcionaria sostuvo que esta intención oficial forma parte de una política del Gobierno de reducción de la inflación como una herramienta adicional para la recuperación del poder de compra de las remuneraciones.
“Converger al nivel pautado de inflación, más algún punto de recuperación y sumando a eso la reducción de la inflación también implica una recuperación del poder adquisitivo”, afirmó la ministra.
Consultada sobre la opinión de los sectores gremiales, Kelly aseguró que “en general la CGT apoya esto porque hay una conciencia que la inflación afecta a los trabajadores”.
Olmos aprovechó la oportunidad para negar que el Gobierno impulse una reforma de la Ley de Contrato de trabajo, aunque admitió que se avanza en actualizaciones de los convenios a partir de las nuevas tecnologías y nuevos objetivos empresariales.
La ministra relativizó así las declaraciones del nombrado asesor presidencial Antonio Aracre.
