El Gobierno confirmó este lunes que promulgará la Ley de Discapacidad, luego de que el Congreso anulara el veto presidencial del presidente, Javier Milei. Sin embargo, desde la Casa Rosada advirtieron que la aplicación de la norma quedará supeditada a definir su financiamiento. «El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos», declaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En un primer momento, el oficialismo había evaluado judicializar el tema, pero el contundente rechazo parlamentario al veto obligó a recalcular la estrategia. «Reglamentarla de manera tal que no se pueda aplicar», deslizaron fuentes cercanas a Milei como plan alternativo. Incluso el propio Francos puso en duda su viabilidad: «Si fuera por mí me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema, porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas».

El jefe de Gabinete también cuestionó la falta de previsión presupuestaria del Parlamento en una entrevista con el portal Clarín: «Vamos a promulgar la ley como corresponde. También es cierto que, creo que es el artículo 38 de la ley financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos».

Y agregó: «No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?».

Algunos especialistas remarcan que, salvo que el Ejecutivo consiga una medida cautelar, Milei está obligado a poner en marcha la ley. Aun así, en Balcarce 50 analizan alternativas como «dejarla morir» mediante una reglamentación restrictiva. El dilema es que si reasignan partidas, estarían reconociendo la vigencia de una norma que el Presidente rechaza, y si no lo hacen, podrían ser denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El conflicto también escala en el plano político. La oposición ya desliza la posibilidad de avanzar contra Francos, responsable de la administración general del país según la Constitución. El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, advirtió en redes sociales: «El Congreso dejó sin efecto el veto a la Ley de Discapacidad. El Jefe de Gabinete tiene la obligación de reasignar las partidas conforme a la ley. Si no lo hace, el Congreso puede interpelarlo o incluso aplicar la moción de censura del Art. 101 CN. Confío en que cumplirá la ley, más allá del fogoneo comunicacional del Gobierno”.

De esta manera, el oficialismo queda atrapado en una encrucijada: cualquier camino implica costos políticos o judiciales. Mientras Milei evalúa cómo acotar el alcance de la ley, en el Parlamento ya suenan voces que anticipan un escenario de confrontación abierta con el jefe de Gabinete.