En medio del escándalo judicial que atraviesa el Gobierno Nacional, el oficialismo busca retomar el poder de la agenda política y el último sábado envió al Congreso Nacional las reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Cabe destacar que se trata de uno de los sectores más golpeados por el Gobierno desde su asunción.

Según trascendió ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores y la estrategia fue definida tras una reunión de la «mesa chica» en Casa Rosada, de la que participaron Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La iniciativa presentada  promueve una reformulación del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral. La reforma se fundamenta en un informe que reveló un fuerte crecimiento de los beneficios entre 2003 y 2023, al pasar de 76.000 a 1,2 millones de pensiones. A partir de estos datos, el Gobierno busca, a través de la Secretaría de Discapacidad, instalar nuevas medidas de fiscalización y control.

En este sentido se promueve una serie de auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos documentales, socioeconómicos y médicos de los beneficiarios.

En tanto, dentro de los puntos más controversiales de la Ley de Salud Mental aparece la modificación del criterio de intervención: en lugar del enfoque actual, se pasará a considerar la “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Esto permitirá, según argumentan desde el Ejecutivo, habilitar intervenciones “más oportunas y preventivas”.

La decisión de ingresar los proyectos por el Senado responde a la mayoría sólida que allí logró construir el oficialismo. Esto le servirá para que la Cámara alta sea el origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Bajo la misma lógica de recuperar el control de la agenda, el oficialismo también prevé avanzar con el proyecto de Hojarasca el próximo martes en comisión y con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.