El Gobierno nacional resolvió ampliar el temario de sesiones extraordinarias para incluir un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas. La decisión quedó plasmada en un decreto que extendió el período legislativo hasta el sábado 28 de febrero.

La iniciativa surgió después de que la administración de Javier Milei apelara la medida cautelar que obligó a aplicar la ley de financiamiento universitario sancionada por el Congreso. Esa norma había sido vetada por el Presidente y luego ratificada por dos tercios de ambas cámaras.

Desde la Casa Rosada señalaron que el objetivo consistió en reemplazar el esquema actual por otro que se ajuste a la política de equilibrio fiscal, eje central del programa económico libertario. En ese marco, una fuente del Poder Ejecutivo confirmó que trabajan “para implementar los cambios en la ley que nos permitan hacerla viable”.

El movimiento político se produjo tras una semana clave en el Congreso. El oficialismo logró la aprobación de la reforma laboral en el Senado y avanzó en la Cámara de Diputados con la ley penal juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Con esos antecedentes, el Ejecutivo decidió incorporar el tema universitario al temario para reducir la tensión con las casas de estudio y ordenar el frente judicial.

La estrategia apuntó a resolver la disputa presupuestaria mediante una nueva ley que reemplace a la vigente. El Gobierno también buscó desactivar las acciones legales iniciadas por universidades y evitar eventuales responsabilidades penales derivadas del incumplimiento de la norma actual.

En paralelo, funcionarios del área educativa mantuvieron contactos con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Participaron el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Por el lado de las universidades asistieron Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo, y Franco Bartolacci, vicepresidente del organismo.

Tras la reunión, Greco afirmó: “Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando”. Bartolacci sostuvo que, aunque “son muchos los temas que quedan por resolver”, el encuentro representó “un paso en la dirección correcta”.

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, explicó la posición institucional. “La reunión fue solicitada por el Gobierno. Nosotros fuimos a escuchar. La ley está vigente y, más allá de los planteos que se hicieron, lo que hay es una ratificación judicial en los últimos días de diciembre y distintas acciones judiciales que confirman que se trata de una ley que, si bien puede demorar en su implementación, está plenamente en vigencia”, expresó.

El conflicto por el financiamiento universitario quedó así en una nueva etapa. El Ejecutivo apuesta a una ley alternativa que respalde su política fiscal, mientras las universidades sostienen la vigencia plena de la norma aprobada por el Congreso y respaldada por la Justicia.