El oficialismo quiere retomar la agenda en medio de los escándalos que envuelven a Adorni y presentó un proyecto para modificar la actual ley.
Mientras el Gobierno Nacional resiste una nueva embestida judicial y mediática por el caso que envuelve a Manuel Adorni en un nuevo caso de corrupción, esta mañana en un intento por retomar la agenda, se anunció la intención de enviar un proyecto para lanzar una nueva Ley de Salud Mental.
Desde el Ministerio de Salud precisaron que los objetivos de la normativa son mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”.
Sin embargo, como cada decisión del Ejecutivo, la misma no estará exenta de polémicas. Dentro de las modificaciones que trascendieron la que más polémica despierta tiene que ver con la iniciativa para que los hospitales psiquiátricos permanezcan, ya que, a diferencia de la ley actual, la misma busca el traslado de pacientes a hospitales generales con áreas de salud mental.
Además, se reemplazaría el término “padecimiento mental por el de trastornos mentales o del comportamiento. También se adoptaría la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas) de la OMS, pese a que Argentina se distanció recientemente de ese organismo.
Se buscará redefinir el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros” y se incorporarán contextos y antecedentes para permitir intervenciones más oportunas y preventivas.
El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tuiteó a favor de la propuesta oficial. «La Ley de Salud Mental no funciona. Celebro que el Gobierno Nacional avance con una reforma. Es un tema sobre el que venimos trabajando hace años, y que las familias reclaman y los pacientes necesitan con urgencia”, escribió en alusión a los reclamos que ya venían haciendo desde la gestión de Horacio Rodríguez Larreta
Según la cartera nacional de Salud, el proyecto (que todavía no se dio a conocer más allá de un breve punteo) fue elaborado en base a “aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria”.
