El Gobierno confirmó el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley de Glaciares y formalizó una de las reformas ambientales más sensibles de la agenda oficial. La iniciativa apuntó a redefinir los criterios de protección y a introducir cambios que, según la Casa Rosada, permitan compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo productivo.

Desde el Ejecutivo cuestionaron el alcance de la norma vigente y afirmaron que “la mal llamada ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales”. En ese sentido, remarcaron que la reforma buscó establecer “reglas claras” y terminar con la discrecionalidad que, a su criterio, frenó proyectos económicos estratégicos.

La ley original, sancionada en 2010, definió de forma amplia qué debía considerarse un glaciar y qué zonas integraban el ambiente periglacial. Ese esquema derivó en prohibiciones estrictas, en especial a partir del artículo 6, que bloqueó actividades mineras, hidrocarburíferas y obras de infraestructura en amplias regiones del país. Ese punto se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre Nación, provincias y empresas.

El proyecto oficial modificó el objetivo central de la norma, aunque mantuvo la preservación de glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua. La diferencia central residió en que la protección pasó a interpretarse en armonía con la Constitución Nacional. El texto enfatizó el artículo 41, que ordena proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Para el Gobierno, “exigir cuidado ambiental no implica bloquear el desarrollo”.

Otro cambio relevante alcanzó al Inventario Nacional de Glaciares. La reforma limitó su alcance a glaciares y geoformas que cumplan funciones hídricas efectivas, ya sea como reserva de agua o como soporte de cuencas. El inventario continuó como herramienta obligatoria de consulta, pero sin condicionar de forma automática las decisiones de las autoridades locales, lo que reforzó la gestión provincial.

El proyecto incorporó además un nuevo artículo que estableció el principio precautorio. Todas las geoformas inventariadas quedaron protegidas de manera transitoria hasta que la autoridad ambiental competente verificara si cumplían funciones hídricas. Una vez descartada esa función, dejaron de estar alcanzadas por la ley de Glaciares y pasaron a regirse por la ley General del Ambiente. El Gobierno sostuvo que este punto corrigió la protección permanente de áreas sin función hídrica comprobada.

En línea con ese criterio, la iniciativa fortaleció el rol de las provincias. Las autoridades locales quedaron habilitadas para informar la aparición de nuevos glaciares o la pérdida de funciones hídricas de los ya registrados. El texto desplazó el rol exclusivo del IANIGLA y aclaró que las actualizaciones del inventario no invalidaron permisos otorgados por las jurisdicciones, un aspecto que el oficialismo vinculó con la necesidad de reducir la inseguridad jurídica.

El artículo 6 mantuvo la prohibición de actividades que alteren de forma relevante glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica comprobada. La novedad consistió en que la definición de “alteración relevante” pasó a depender de evaluaciones de impacto ambiental realizadas por cada provincia. La prohibición genérica cedió lugar a un análisis técnico caso por caso, un cambio central para el sector minero.

El esquema se completó con un refuerzo de las evaluaciones ambientales previas y de la participación ciudadana. El proyecto sostuvo las excepciones para actividades científicas, deportivas no motorizadas y situaciones de emergencia. En el cierre, redefinió las autoridades competentes y asignó a cada jurisdicción la identificación de los glaciares con función hídrica, con intervención de Parques Nacionales en áreas protegidas.

Con esta reforma, el Gobierno buscó avanzar en un nuevo equilibrio entre ambiente, producción y federalismo. El debate legislativo abrió un escenario de fuerte discusión política, con impacto directo en las economías regionales y en el futuro de la minería en la Argentina.