El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) con el objetivo de eliminar la intervención en los procesos productivos y reducir la burocracia en el sector. La medida fue oficializada mediante la Resolución 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que con esta reforma “se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”.

En una publicación en sus redes sociales, el funcionario destacó: “La industria del vino ya mostró lo que puede dar. Argentina produce 900 millones de litros por año, lo que la convierte en el quinto productor mundial. Exportamos 800 millones de dólares anuales. Pero el consumo mundial está cayendo y los gustos cambian (por ejemplo, se impone en varios países el consumo de vino sin alcohol). Por ello es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”.

Según la resolución, el INV dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias de la producción -como el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte- para concentrarse exclusivamente en el control de los productos finales embotellados. Su función principal será garantizar que los vinos sean aptos para el consumo y que no estén adulterados.

Asimismo, los controles de trazabilidad, como las certificaciones de origen, añada y varietal, pasarán a ser optativos y podrán ser gestionados por los propios productores o por entidades privadas, según las necesidades comerciales de cada empresa.

El nuevo esquema alcanzará a productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológicos, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, así como a laboratorios enológicos y operadores registrados.

Sturzenegger precisó que “para tomar noción de lo exagerado de este régimen, en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas. Hay registros de empresas que recibían una inspección cada dos días. Además, el organismo tramitaba cuestiones innecesarias como la determinación anual del grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona”.

El ministro afirmó que “menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción” y detalló que, con la eliminación de las fiscalizaciones intermedias, “los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta a la discrecionalidad y la corrupción”.

“En otras palabras, ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas, un reclamo de los productores que se repetía sin cesar. Y como dice su titular, Carlos Tizio, la inmensa mayoría de las bodegas hace años que no tiene problemas. ¿Por qué tratarlos como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado ande complicando las cosas”, concluyó.