El documento ya está listo y establece que “la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional serán practicados por buques bajo registro argentino o extranjero”. Fija la posibilidad de que barcos de bandera extranjera operen en cabotaje nacional por hasta 180 días renovables.
Elimina también la obligatoriedad de contratar tripulantes argentinos y dispone que las empresas puedan “utilizar a tripulantes de cualquier tipo de nacionalidad, con la única excepción de que estén habilitados como personal marítimo o fluvial” en caso de demostrar la falta de disponibilidad de tripulantes idóneos argentinos.
La iniciativa habilita a los propietarios inscriptos en el Registro Nacional de Armadores a solicitar el cese de bandera provisorio a la Prefectura Naval Argentina de los buques inscriptos en la matrícula nacional para su inscripción en registros extranjeros sin ser considerado como una exportación. Excluye del régimen a los buques afectados a la pesca.
La medida tiene una duración de hasta diez años y dispone de un reingreso automático sin costos adicionales. Le da prioridad también a la ley del país de abanderamiento sobre los contratos de los tripulantes y se otorga tratamiento de bandera nacional a buques extranjeros arrendados sin tripulación con antigüedad menor a 20 años.
El decreto declara como servicio esencial a la navegación por agua marítima destinada al transporte comercial, de pasajeros, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera. La medida implica que se deberá garantizar un porcentaje mínimo de operatividad en caso de huelga o conflicto laboral.
Establece además que los sindicatos podrán sugerir un listado del personal disponible en las bolsas de trabajo a los empleadores, pero fija libertad de contratación por parte de estos. “El empleador podrá contratar a la persona sugerida y/o a cualquier otra que disponga. Queda derogada toda norma que se oponga al presente artículo y/o a la libertad de contratación y elección del personal por parte del empleador”, expresa el texto.
