El ministro de Justicia, Martín Soria, anunció que «por instrucción del Presidente» Alberto Fernández denunció penalmente al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por «incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros».

«Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros», afirmó el ministro a través de su cuenta de Twitter.

El funcionario señaló que «los hechos a ser investigados involucran además a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani».

Y añadió: «La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas».

Las grúas del GCBA

En un documento adjuntado por Soria se especifica que la denuncia presentada por el Ministerio pide investigar los presuntos hechos de corrupción relacionado a la contratación por parte del Gobierno de la Ciudad del servicio de grúas de remolque operado por la empresa Dakota S.A.

El escrito destaca que “la empresa Dakota S.A. fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”, y agrega que el irrisorio canon mensual fue mantenido “por decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que paga la concesionaria no tenía sustento alguno ya que el canon estaba sin actualizar desde el 2014”.

El documento señala también la presunta existencia de “un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante”, que podrían ser la razón por la cual la administración de Horacio Rodríguez Larreta mantuvo congelados los montos que debía pagar a Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño.

El celular de D’Alessandro

En las últimas semanas, el ministro de Seguridad porteño se ha visto salpicado por dos filtraciones de chats que lo obligaron a dar un paso al costado y pedir una «licencia temporaria».

Estos intercambios lo involucran en un viaje a Lago Escondido con jueces, fiscales y empresarios de medios y muestran su conexión con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en los que conversan sobre la estrategia opositora para impedir el tratamiento de la conformación del Consejo de la Magistratura.

En la denuncia presentada por Soria se exige que se secuestre el celular del funcionario porteño, así como de “todos los que en el devenir de la investigación resulten implicados en los hechos denunciados”, para realizar “una pericia informática sobre dichos teléfonos a la búsqueda de elementos de interés de la presente causa, resguardando debidamente su privacidad”.

Además, el titular de la cartera de Justicia pidió la habilitación de la feria judicial “para que la denuncia sea admitida y pueda iniciarse el proceso penal correspondiente cuanto antes”.