La denuncia, por los presuntos delitos de administración fraudulenta, tráfico de influencias y violación de deberes de funcionario públicos, procura dilucidar supuestas irregularidades detectadas en la liquidación de haberes por la Dirección de Asuntos Jurídicos y del Servicio Administrativo Financiero de la Gendarmería Nacional.

"En algunos casos se habían liquidado diferencias mayores al 800 por ciento respecto del haber o sueldo mensual", afirmó el Ministerio de Seguridad en un comunicado. Algunas de las personas investigadas fueron pasadas a situación de disponibilidad en los últimos días, luego del reclamo salarial encarado por agentes de la fuerza de seguridad.

En la presentación, se indicó la necesidad de investigar a los ex jefes señalados por los delitos de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", "tráfico de influencias" y "violación de deberes de funcionario públicos".

"El personal incluido en la presentación judicial está sospechado de connivencia dolosa con un puñado de estudios jurídicos y algunos jueces para resolver de manera arbitraria reclamos salariales irregulares masivos en perjuicio del Estado", mencionó la cartera que encabeza Nilda Garré.

La denuncia involucra a Héctor Schenone, ex director nacional de la GNA en los últimos siete años del kirchnerismo –puesto a retiro la semana pasada y reemplazado por Enrique Zach-; Juan Sainz, ex subdirector nacional; Oscar Guidone, actual director del Servicio Administrativo Financiero (SAF); Humberto Domínguez, director del SAF entre 2010-2011; y Ricardo Marcelo Olano, subdirector del SAF en el mismo período.

A estos se les suman Luis Demundo, contador del SAF entre 2010-2011; Estanis Drebnieks, jefe del Departamento de Control Interno y Rendición de Cuentas; comandante mayor Raúl Tabocchini, director de Asuntos Jurídicos; comandante mayor Ricardo Back, subdirector de Asuntos Jurídicos; comandante primero Carlos Palleros, jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos; y comandante Manuel Barros, integrante de la Dirección de Asuntos Jurídicos entre 2006 y 2010.

A todos se los acusa, indicó el Ministerio, de haber efectuado una aplicación ilegítima de los fallos de la Corte Suprema recaídos en las causas denominadas "Salas" y "Borejko", "ocasionando un correlativo perjuicio al patrimonio estatal", agregó.

También se los investigará por haber "incurrido en demoras injustificables de varios meses en comunicar al SAF la revocación judicial de medidas cautelares, contribuyendo así a que prosiguiera su pago", expresó.

La presentación de la denuncia había sido adelantada este mediodía por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, en una conferencia de prensa que brindó junto al jefe de Gabinete, Juan Abal Medina.

La denuncia quedó a cargo del juzgado en Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°8, a cargo Marcelo Martínez de Giorgi.