A través de un decreto, el Ejecutivo modificó la Ley de Glaciares y redujo las restricciones en zonas periglaciares. La medida abre la puerta a proyectos mineros e hidrocarburíferos en áreas frágiles clave para el equilibrio hídrico. Ambientalistas y organismos internacionales advirtieron sobre los riesgos.
El Gobierno nacional activó un cambio normativo que abre la puerta a nuevos emprendimientos mineros e hidrocarburíferos en regiones hasta ahora protegidas por la legislación ambiental. La medida, impulsada por decreto presidencial, altera puntos clave de la Ley 26.639, normativa que regulaba las actividades en áreas con presencia de glaciares y su entorno inmediato.
El argumento oficial se centra en la necesidad de brindar certezas legales a los inversores. Desde el Ministerio de Economía afirmaron que la modificación pretende otorgar “seguridad jurídica” a las empresas interesadas en operar en esas zonas. En ese marco, se exigirá un estudio de impacto ambiental para cada proyecto.
La norma original establecía barreras estrictas en áreas donde se acumula agua en forma de hielo o suelo congelado. Estas regiones, conocidas como zonas periglaciares, cumplen un papel central en el equilibrio hídrico. Allí, el terreno permanece helado durante todo el año, funcionando como un reservorio estratégico. La ley también obligaba a realizar un inventario de glaciares y a monitorear el impacto de las intervenciones humanas.
Argentina se ubica entre los países con mayores reservas de agua dulce de la región. Su territorio alberga más de 16.000 glaciares, lo que convierte al ambiente periglaciar en un punto neurálgico en la lucha contra el cambio climático. Por eso, organizaciones ambientales y expertos expresaron preocupación frente a la decisión. Advirtieron que reducir la protección legal podría agravar la degradación de estos ecosistemas.
La iniciativa surgió de la colaboración entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y técnicos de la Casa Rosada. No es la primera vez que el Gobierno intenta modificar esta legislación. Propuestas anteriores figuraron en borradores de la denominada Ley Bases, pero no avanzaron por falta de respaldo legislativo.
Esta vez, la estrategia cambió. En lugar de insistir en el Congreso, el Ejecutivo optó por un decreto que redefine los alcances de la ley. Con esta herramienta, se busca permitir la instalación de infraestructura industrial, la liberación de residuos químicos y el desarrollo de proyectos extractivos en terrenos previamente vedados.
La Corte Suprema había avalado en 2019 la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. En ese fallo, el tribunal destacó que la protección de estas áreas corresponde tanto a la Nación como a las provincias. A pesar de eso, el nuevo decreto otorga a los gobiernos provinciales un mayor margen de decisión sobre el uso del territorio.
La respuesta de sectores ambientalistas no tardó en aparecer. Nicole Becker, referente de Jóvenes por el Clima Argentina, cuestionó con dureza la modificación. “Específicamente quieren permitir la explotación en la zona periglaciar, hoy protegida por la ley”, explicó. Y agregó: “El Perito Moreno (que no es de los que más retrocedió para nada) perdió 1,92 km² de superficie en solo 7 años. ¿Cuánto es eso? Aproximadamente 320 canchas de fútbol. Nuestra vida en la tierra es gracias a los glaciares. No sólo el 70% del agua dulce del mundo viene de los glaciares sino que también regulan la temperatura a nivel mundial (porque reflejan la luz solar). No tiene ningún tipo de sentido desprotegerlos aún más”.
La ONU también había expresado su oposición a medidas similares. En un comunicado anterior, calificó este tipo de decisiones como “regresivas” y alertó sobre el impacto que podrían tener en el trabajo de quienes defienden el medio ambiente.
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El retroceso de los glaciares es un fenómeno global, pero los efectos locales son cada vez más visibles. El glaciar Perito Moreno, uno de los más emblemáticos de la Patagonia, perdió cerca de 2.000 metros en los últimos siete años. Especialistas temen que un mayor grado de intervención acelere ese proceso.
En un contexto mundial marcado por la emergencia climática, la protección de los glaciares y su entorno representa no solo un desafío ambiental, sino también una cuestión estratégica. La modificación legal impulsada por el Gobierno argentino reabre un debate profundo sobre hasta qué punto es posible equilibrar desarrollo económico y preservación ecológica.
