En consecuencia, tanto la supresión como cualquier restricción, interferencia o limitación, directa o indirecta, a la libre circulación de información y de opiniones, viola la libertad de expresión y afecta al sistema democrático mismo. Este escudo protector a la manifestación de las ideas comprende no sólo a las expresiones inofensivas o indiferentes, sino especialmente a aquellas que resulten ingratas o desagradables para el gobierno o un sector de la población, incluso las que sean ofensivas o descomedidas.

La difusión de afiches "anónimos", donde se muestran los rostros de un grupo de reconocidos periodistas, descalificándolos respecto de su independencia profesional al señalar que están bajo las directivas de la propietaria del grupo Clarín, que es acusada de haber cometido un delito de lesa humanidad, constituye sin dudas un acto intimidatorio destinado a inhibir la expresión, a tratar de provocar una autocensura. Lo propio puede afirmarse respecto de la realización de un increíble "juicio público" a otros periodistas que al parecer efectuarán las Madres de Plaza de Mayo.

El gobierno no entiende que la función de la prensa no es alabar a las autoridades, sino ejercer una función crítica en nombre de la sociedad y es ésta quien "juzga" todos los días a los periodistas comprando los diarios o seleccionando el canal de televisión o la frecuencia de la radio. Por eso, el remedo de "juicio popular" parece más fruto de la inquisición medieval que de una sociedad democrática y pluralista.

Sorprende la ligereza con que el Gobierno ha tomado la cuestión, ignorando que es su obligación garantizar el pleno goce de la libertad de expresión y abstenerse de cualquier acto que propicie, estimule o favorezca la situación de vulnerabilidad que actos de particulares hayan provocado respecto de periodistas.

Esa es la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al resolver los casos "Ríos y otros" y "Perozo y otros", fallados el 28 de enero de 2009, estableció que el Estado tenía la obligación de evitar los actos de obstrucción y hostigamiento a la labor periodística y que, su omisión en hacerlo, determinaba la violación de sus obligaciones.

No es casual que esos precedentes hayan sido dictados con relación a las conductas del amigo de los Kirchner, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Por lo tanto, aún en la poco creíble hipótesis de que esos actos intimidatorios no hayan sido promovidos o instigados por el gobierno o por grupos afines a él, es obligación inexcusable de las autoridades nacionales arbitrar las medidas necesarias para hacer cesar esas conductas aberrantes y para investigar los hechos ocurridos.

Los argentinos no estamos dispuestos a retrasar el reloj de la historia, tolerando prácticas que nos remontan a tiempos que decidimos dejar atrás a partir del 10 de diciembre de 1983. Estos brotes fascistoides no deben asustarnos sino fortalecernos en nuestras convicciones y hacernos recordar que la democracia es una planta que debemos regar cada día.