El Gobierno impulsó una reforma profunda del Código Penal y colocó en el centro del proyecto un punto que ya generó debate en tribunales y en la política: la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La iniciativa quedó lista para su envío al Congreso en el paquete de sesiones extraordinarias, según confirmaron voceros de los ministerios involucrados.

El texto final surgió del trabajo de la comisión de especialistas que coordinó el juez Mariano Borinsky. A esa mesa se sumaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario Sebastián Amerio. La propuesta circuló por distintos despachos oficiales y llegó a Seguridad, donde se incorporó la idea de declarar imprescriptibles los casos de corrupción. Desde ese ministerio señalaron que la novedad formará parte del proyecto oficial. En Justicia indicaron: “Está a estudio”.

El Gobierno aclaró que la regla no se aplicará sobre hechos del pasado. La reforma regirá solo para causas iniciadas después de la entrada en vigor del nuevo Código, tanto en la denuncia como en la fecha del delito.

Además de esa definición, el borrador incluyó un cambio sustantivo: el aumento de las penas por corrupción. El enriquecimiento ilícito alcanzará los 15 años y las coimas llegarán a 10. Hoy, el máximo es de seis años.

El debate sobre la imprescriptibilidad no es nuevo. Distintos fallos impulsaron lecturas contradictorias. En 2016, la Cámara Federal de La Plata afirmó que los delitos de corrupción eran imprescriptibles. En 2018, dos jueces de Casación ordenaron el juicio en la causa IBM-DGI y anularon la prescripción. Borinsky votó en disidencia. La Corte revisó ese pronunciamiento y cuestionó la falta de coincidencias entre los votos, aunque no descartó la imprescriptibilidad como principio general.

El Gobierno planeó enviar el proyecto a una comisión bicameral, tal como sucedió con el Código Civil y Comercial. Esa vía permitiría apurar el dictamen y evitaría el cruce prolongado entre Diputados y el Senado. El ministro del Interior, Diego Santilli, mencionó el tema en su recorrida por las provincias y lo incluyó en el temario que presentó ante los gobernadores. Desde Justicia remarcaron: “Hay consenso en que tiene que haber una reforma del Código Penal”, aunque admitieron choques con el kirchnerismo en cuestiones vinculadas a la policía, la legítima defensa y el agravamiento de las penas por armas de guerra o de uso civil.

El nuevo Código concentra cuatro ejes: penas más altas, imprescriptibilidad, cumplimiento efectivo y menos excarcelaciones. El homicidio simple trepa a un rango de 10 a 30 años y el homicidio agravado con prisión perpetua se aplica ahora en casos que involucren al presidente, ministros, policías, docentes, menores, adultos mayores o hechos ocurridos en escuelas, estadios o cárceles.

El proyecto también modifica el tratamiento de la víctima, aumenta la pena por falsa denuncia, agrava los delitos vinculados a pornografía infantil, eleva el castigo por trata y suma nuevas figuras como el “stealthing”, el acoso sexual en ámbitos laborales o educativos y la pornovenganza. Las penas por grooming también suben.

Otro bloque apunta a delitos frecuentes en zonas urbanas. Las modalidades de robo conocidas como “motochorros” y “viudas negras” pasan a ser no excarcelables. Se incorpora la estafa piramidal y la usurpación escala hasta 10 años. Las agresiones en manifestaciones se sancionan con penas de 2 a 5 años y suben a 3 a 9 si el ataque afecta a un funcionario o policía.

El proyecto incluye una lista de delitos que también serán imprescriptibles: homicidios agravados, delitos sexuales, narcotráfico, corrupción de menores, trata y terrorismo. A eso se suma otra decisión clave: la condena efectiva como regla. El proyecto eleva los mínimos para reducir al extremo la probation y limita la liberación anticipada.

El Gobierno destacó que el Código vigente rige desde 1921 y acumula reformas parciales que funcionaron como parches. La nueva estructura busca reemplazar ese esquema por un sistema uniforme y más rígido, con foco en la dureza penal y la reducción de beneficios para los condenados.