La noche del viernes dejó en Balcarce 50 una sensación de cerco y desconfianza. Apenas circularon los primeros audios con la voz de Karina Milei, el despacho de Santiago Caputo se transformó en centro de operaciones. Allí se reunieron Manuel Vidal, Manuel Adorni, Sebastián Amerio y el apoderado libertario Santiago Viola, que se movía entre los asesores y la secretaria general de la Presidencia. Esa escena reflejaba el clima de alerta en el corazón del poder.

El Gobierno tomó una decisión inmediata: judicializar el caso y presentar dos denuncias. Una ingresó en el fuero civil y comercial y derivó en una cautelar que ordenó detener la circulación del material. La otra llegó a los tribunales federales con el argumento de un supuesto espionaje ilegal. El escrito del Ministerio de Seguridad describió una “operación de inteligencia clandestina” con patrones “rusos y chavistas”, destinada a desestabilizar la gestión en medio del proceso electoral.

El vocero Adorni fue el encargado de comunicar la ofensiva. En redes sociales escribió: “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”. Luego añadió que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”. Cerró con una frase que sintetizó la estrategia oficial: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

En la presentación judicial, la Casa Rosada mencionó a Mauro Federico y Jorge Rial, al dirigente de la AFA Pablo Toviggino y al operador Franco Bindi. Cada nombre aportó un mensaje político: los periodistas, el vínculo con el fútbol y las conexiones con el mundo judicial. Además, el Gobierno reclamó allanamientos en los domicilios de los señalados.

El caso de Toviggino reavivó un conflicto previo. Guillermo Francos lo había acusado semanas atrás de jugar políticamente junto a Claudio “Chiqui” Tapia. El cruce escaló cuando el funcionario lo calificó como “una expresión del kirchnerismo”, lo que reforzó la hipótesis oficial de que el canal Carnaval, propiedad de Toviggino, no solo difundió los audios sino que integró la operación.

La diputada Marcela Pagano también quedó bajo sospecha. Recién alejada de La Libertad Avanza, utilizó el Congreso para cuestionar a Francos y apuntar contra José Luis Vila, funcionario clave en temas de inteligencia. Esa maniobra, sumada a la relación de Pagano con Bindi, consolidó las versiones en el oficialismo sobre su participación en la maniobra.

Mientras tanto, la respuesta libertaria mostró un cierre de filas. Guillermo Francos calificó el episodio como “gravísimo” y sostuvo que la voz de Karina grabada dentro de la Casa de Gobierno elevaba el hecho a una cuestión de seguridad nacional. Esa reacción contrastó con la desorganización que exhibió el Ejecutivo en otros escándalos previos. Esta vez, la decisión fue rápida y coordinada.

La duda persiste sobre cómo se registraron los audios. Algunos funcionarios hablaron de micrófonos ocultos, otros de un teléfono en manos de alguien del entorno de Karina. La hipótesis predominante es la de una filtración interna más que un espionaje sofisticado, lo que aumenta la desconfianza en los círculos más cercanos al Presidente.

En la Casa Rosada interpretan que los responsables de la maniobra “fueron demasiado lejos”: al exponer conversaciones sin peso político, dejaron al descubierto una jugada con objetivos mediáticos antes que judiciales. De todas formas, la preocupación es mayor. En ese mismo espacio donde se cree que se hicieron las grabaciones se recibieron delegaciones extranjeras y jefes de Estado, lo que llevó a evaluar nuevos protocolos de seguridad a cargo de Casa Militar.

En medio de la campaña, el Gobierno intenta convertir la crisis en una oportunidad para victimizarse, señalar culpables y reagrupar a la tropa oficialista. La denuncia de una operación clandestina le permite instalar un relato de seguridad nacional, aunque por detrás sobreviven las tensiones internas y las sospechas sobre los servicios de inteligencia, que vuelven a condicionar la política argentina.