El gobierno de Javier Milei atraviesa un momento inesperado: de celebrar la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, pasó a enfrentar un escenario judicial adverso que frenó su implementación. La suspensión de la Ley 27.802 de Modernización Laboral obligó a redefinir la estrategia legal.

En la Casa Rosada ya dan por hecho que el conflicto irá en aumento. Tras el fallo del juez, Raúl Horacio Ojeda, que hizo lugar a un planteo de la CGT y detuvo la norma, el Gobierno prepara la apelación mientras analiza alternativas para sostener la validez de la reforma.

El frente judicial se amplió con otra resolución del magistrado, José Ignacio Ramonet, quien suspendió el artículo que declaraba a la educación como servicio esencial tras una presentación sindical. En ese contexto, crecen las críticas desde el oficialismo y el sector empresario hacia el fuero laboral, al que consideran poco favorable para este tipo de reformas.

Frente a este panorama, el Ejecutivo analiza redirigir las causas hacia el fuero contencioso administrativo, donde confía en encontrar mayor neutralidad. La idea es que los planteos vinculados a la reforma no queden en manos exclusivas de la Justicia laboral, históricamente alineada -según el Gobierno-, con posiciones sindicales.

Asimismo, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, estudia una jugada más audaz: solicitar un per saltum para llevar el caso directamente a la Corte Suprema y evitar instancias intermedias. Esta vía rápida permitiría obtener una definición final sobre la constitucionalidad de la ley en menos tiempo.

Mientras tanto, también surgen cuestionamientos internos y del sector privado sobre la estrategia inicial. Algunos empresarios la calificaron como “improvisada y poco adecuada para lo que está en juego”, en un contexto donde el oficialismo sabía que la judicialización era inevitable.

Con la reforma laboral en suspenso y múltiples frentes abiertos, el Gobierno apuesta ahora a una ofensiva judicial que le permita recuperar la iniciativa y sostener uno de los pilares centrales de su programa económico.