El ministro de Economía, Alejandro Arlía, admitió en una reunión en la Cámara de la Construcción de la Provincia que el pago a los proveedores se realizará con títulos. Así, el 80% de la obra se abonaría con papeles, mientras que sólo el 20% se cancelaría en efectivo. Los retrasos ya provocaron la pérdida de 10 mil puestos de trabajo.
Tal como prevé hacer con los proveedores, el gobierno bonaerense buscará cancelar sus deudas en materia de obra pública con bonos. La medida se la blanqueó el ministro de Economía, Alejandro Arlía, a un grupo de empresarios en la Cámara de la Construcción de la Provincia hace cuatro semanas. Los números de la provincia están en rojo y ya no le quedan herramientas para hacer más suave la caída.
La crisis económica, además, impactó en el sector de la construcción. Según confiaron desde la Federación de Pymes de la Construcción a PERFIL, en lo que va del año se perdieron 10 mil puestos de trabajo en la Provincia y hay hasta 120 días de atraso en la cancelación de certificados de obra.
De la Ley de presupuesto surge que el Gobierno estudia emitir bonos por 850 millones de pesos para 2010. El asunto es que si los títulos no son comprados en el mercado, los empresarios deberán tomar los bonos y colocarlos en un banco, perdiendo buena parte de su valor.
Se analiza esta alternativa también para ejecutar obras en el futuro, hasta que se regularice la situación fiscal bonaerense, sumamente delicada. “Es un bono que en este momento se está consensuando. Está en la Legislatura”, indicaron las fuentes. Para los empresarios, la situación es grave. “Si los bonos salen, va a ser imposible hacer una obra”, graficó en diálogo con este diario Gustavo Marín, presidente de la Federación.
¿Cómo sería el circuito? La Provincia emite el bono para pagar el 80 por ciento de una obra, el restante 20 por ciento se pagaría en efectivo. Dentro de esa reunión en la Cámara de la Construcción lo que se discutió fue precisamente ese porcentaje. La Cámara propuso que fuera el 30 por ciento en efectivo y el resto en bonos. Sin embargo, para las pymes la emisión de bonos con estas características es inadmisible. “No tenemos espaldas para financiarnos. Los bonos no valen ni el 40 por ciento del monto total. Con los Patacones sí se podían hacer obras, porque era casi aceptada como una moneda de curso legal”, precisó Marín. Y añadió: “No hay ninguna información oficial, pero de ser así, queremos exponer nuestra posición”. Dentro de las preocupaciones del empresariado subyace la realidad de que la obra pública es un generador de fuentes de trabajo. La paralización del mercado de la construcción impactará, de lleno, en el índice de desocupación. Y no habrá INDEC que pueda maquillarlo.
UN DÉFICIT DE ONCE MIL MILLONES DE PESOS
La Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) advirtió que el pago con bonos es un mecanismo que están previendo todas las provincias por la delicada situación financiera que atraviesan. El déficit suma, entre los 24 distritos, 11 mil millones de pesos para el año entrante. El 51 por ciento de ese total corresponde a la Provincia de Buenos Aires y el 11 por ciento a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los dos distritos ya anunciaron la emisión de bonos. En el caso de la Provincia por 850 millones de pesos. En el caso de la Capital, por 700 millones de pesos. Según Daniel Argüello, gerente de la UAPE, los proveedores bonaerenses ya sufren la crisis económica. “En el rubro de la salud no pagan desde marzo”, indicó. Y agregó que entre abril y septiembre el Ministerio de Salud bonaerense hizo las compras sin presupuesto, dado que el monto destinado a 2009 lo gastó antes de la mitad del año.
“Con los bonos no sabemos qué va a pasar. Los Patacones eran aceptados pero eran como una moneda de curso legal. Es imposible guardarse el bono por dos años, así que tendremos que pagar con esos bonos nuestras deudas”, afirmó Argüello. El gerente de la UAPE afirmó además que la Provincia tiene un atraso de 100 días en el pago a los proveedores. La entidad calcula que los distritos usarán los bonos para cancelar el 75% del monto de cada compra.
Por otra parte, la UAPE se quejó de la cantidad de requisitos que se les exigen a las empresas para participar de licitaciones en la Ciudad de Buenos Aires.
