Según informaron fuentes oficiales este plan resolverá la situación de más de 250.000 trabajadores rurales que trabajan de manera temporal en las diversas cosechas de las economías regionales. “Había que resolver el dilema de esta gente. No vamos a estar ausentes cuando el trabajo no está. A partir de ahora van a dejar de ser incompatibles el plan social con idea de trabajar”, señaló el presidente.

A partir de la publicación del DNU en el Boletín Oficial se otorgará una garantía a través de la cual los titulares de asignaciones universales que trabajen bajo la modalidad temporal percibirán los beneficios no contributivos que les correspondan, percibiendo como mínimo el monto equivalente al 100% del valor de las asignaciones universales por hijo para la protección social.

La puesta en marcha de este plan era uno de los principales pedidos impulsado por las economías regionales nucleadas en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quienes explicaban que en los últimos años se agudizó la falta de trabajadores temporales ya que los habituales cosecheros preferían no trabajar ante el temor de perder los planes sociales que recibían.

“Al momento, la falta de trabajadores rurales ocasionó que producciones como la cereza, las frutas de carozo, el ajo, el tabaco, la vid, los cítricos, las pomáceas, el té y el olivo, entre otras, hayan sufrido una baja en la productividad, una elevación de costos e, inevitablemente, una disminución de rentabilidad”, explicaban desde CAME.

Según las estimaciones de la entidad, las producciones regionales emplean a alrededor del 70% de la mano de obra rural, dando trabajo a aproximadamente 625.000 trabajadores temporarios en época de cosecha. En tanto, la mano de obra tiene una alta incidencia en los costos de producción del sector, ya que representa entre el 45% y el 75%.

Luego del anuncio de Alberto Fernández, el presidente del área de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez aseguró: “La pyme agropecuaria necesita recuperar rentabilidad y sólo quiere producir, trabajar y dar trabajo. En este círculo virtuoso, la compatibilización beneficia a todos: al trabajador rural, al empresario y al Estado. Es un primer paso en el camino hacia recuperar la cultura del trabajo en el agro”.

Finalmente, otro punto que destacan desde el sector rural es que “el anuncio se anticipa al inicio de la temporada de cosecha 2021-2022 de varios cultivos y se transforma en un guiño positivo no sólo hacia los productores agropecuarios pymes, quienes sentirán alivio frente a una problemática que ya se tradujo en la pérdida de entre un 25% y un 50% de la producción total, sino también hacia los sectores más vulnerables, que tendrán mayor protección social, más oportunidades de poder insertarse o reinsertarse en el mercado laboral y, a su vez, podrán percibir mayores ingresos”.