El Gobierno nacional puso en marcha el Consejo de Mayo con una reunión en la Casa Rosada, donde asistieron representantes del oficialismo, del sindicalismo y del empresariado. La convocatoria, que funcionó como primer paso formal para encarar reformas estructurales, estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y marcó el inicio de una nueva estrategia para articular con sectores clave en la búsqueda de acuerdos legislativos.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Escudos y duró cerca de una hora y media. A Francos lo acompañaron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini. Estos seis referentes conforman la estructura permanente del Consejo, que fue anunciada hace más de un año por el presidente Javier Milei, pero que recién ahora comenzó a funcionar de manera efectiva.

El Consejo se reunirá cada mes y elaborará un documento final en diciembre. Ese texto deberá sintetizar propuestas legislativas que reflejen los diez principios del Pacto de Mayo. Entre esos puntos se incluyen el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, una reforma tributaria, la modernización del mercado laboral y la apertura comercial. A pesar del carácter fundacional del encuentro, no se discutió en detalle ninguno de los ejes planteados.

Francos sostuvo que existe «el compromiso de avanzar en las profundas transformaciones que la Argentina necesita», y apuntó a generar consensos de mediano y largo plazo. Por su parte, Sturzenegger describió el clima como propicio para el diálogo y señaló que existe “mucha vocación de trabajar para llegar a consensos de acá a diciembre”.

El Consejo se constituye como una herramienta del Gobierno para apuntalar una agenda legislativa que se encuentra estancada. Luego de una primera etapa de enfrentamientos, el Ejecutivo comenzó a notar señales de desgaste en sus alianzas parlamentarias. La reciente aprobación en Diputados de proyectos que Milei buscaba frenar —como el aumento para jubilaciones y los fondos destinados a discapacidad— funcionó como una alarma interna. El oficialismo ya no confía en que pueda sostener todos los vetos sin costos políticos.

La reforma laboral aparece como uno de los temas más sensibles. Aunque el Gobierno insiste con ese punto, no todos los integrantes del Consejo comparten el mismo enfoque. Gerardo Martínez afirmó que no acompañará un cambio directo del régimen actual, pero aceptó discutir alternativas si cuentan con la participación activa de la CGT. “Forma parte del contenido de esa agenda. Tenemos nuestra propuesta que en su momento la traeremos para discutir de qué manera se puede plantear una reforma laboral sin perder derechos”, aseguró.

Desde el empresariado, Rappallini también marcó ciertos límites. Indicó que no plantean una modificación del régimen jubilatorio ni un cambio en las horas laborales, pero sí una “modernización laboral que hay que consensuar”.

En el Congreso, Ritondo y Losada se comprometieron a impulsar las reformas dentro de sus espacios. “Desde el Congreso y desde el PRO, mi compromiso es seguir empujando ese camino con responsabilidad, firmeza y visión de futuro”, declaró Ritondo. Ese mismo día mantuvo una reunión con Sebastián Pareja, armador libertario en Buenos Aires, para avanzar en los acuerdos electorales entre La Libertad Avanza y el PRO.

El Consejo también funcionará como una plataforma para acercar posiciones con los gobernadores. Cornejo mantiene diálogo fluido con la Casa Rosada y, aunque en Mendoza aún discuten los alcances de una alianza política, su presencia mostró voluntad de cooperación.

La selección de los integrantes no fue casual. Todos los miembros tienen una relación estable con el oficialismo y, si bien representan a sectores diversos, comparten con el Gobierno la intención de sostener un canal de diálogo. La exclusión de voces críticas no pasó inadvertida, pero en el Ejecutivo justificaron la decisión como una forma de garantizar un funcionamiento eficiente del nuevo órgano consultivo.

Entre los puntos del Pacto de Mayo, hay algunos que se perciben como más simbólicos que ejecutables en el corto plazo. La rediscusión de la coparticipación, por ejemplo, enfrenta obstáculos estructurales y no parece viable dentro del marco del Consejo. Sin embargo, en el Ejecutivo entienden que la puesta en marcha del organismo puede servir como mensaje político y permitir cierto reordenamiento institucional de cara al segundo tramo del mandato.

Hasta el momento, el Consejo de Mayo no arrojó definiciones concretas, pero permitió al Gobierno recuperar la iniciativa y marcar agenda con una narrativa de diálogo y reformas. Para los próximos meses, el desafío será traducir esa hoja de ruta en proyectos viables que logren respaldo legislativo y sostén social. En diciembre, el Gobierno espera tener ese primer balance. Mientras tanto, el 20 de julio será la próxima cita.