Por: Marcelo Bonelli, para Diario Clarín

El Gobierno tuvo un duro traspié político en la Auditoria General de la Nación, y esa derrota va a acelerar las investigaciones sobre corrupción que involucran a los últimos tres jefes de Gabinete de Cristina.

Por primera vez en mucho tiempo, los auditores del oficialismo desoyeron la fuerte presión de la Casa Rosada y la Auditoría terminó torciendo el deseo de la Presidenta para que no se investigue el dinero del Fútbol Para Todos.

Esta ha sido una derrota política de Cristina. La Auditoría desestimó un pedido expreso del jefe de Gabinete, que envió un descargo de último momento para demorar la sanción del dictamen.

El trabajo de la AGN fue categórico: advierte sobre graves irregularidades en el giro de fondos por contratos millonarios, algunos incluidos ahora en la investigación de EE.UU. sobre la FIFA.

El lunes, Leandro Despouy fue convocado por María Servini de Cubría para que entregue los detalles de ese lapidario documento de la Auditoría sobre el despilfarro y el descontrol del dinero de Fútbol Para Todos.

La jueza quiere esas pruebas porque investiga también el accionar de los responsables del dinero: Aníbal Fernández y sus antecesores, Juan Abal Medina y Jorge Capitanich.

El pronunciamiento de la Auditoría afirma que hay irregularidades y precariedad administrativa. Los tres jefes de gabinete de Cristina son responsables del control en la entrega de recursos públicos en favor de la AFA, y de contrataciones millonarias de productoras como Torneos, La Corte y Farolito.

Aníbal Fernández buscó curarse en salud: ya hizo una presentación espontánea ante el juzgado, donde Servini de Cubría debe decidir si dispone un “veedor judicial” en la AFA. También trató de defenderse en la Auditoría y envió un documento de 400 fojas, para justificar la administración del dinero de Fútbol Para Todos. Ya Cristina había intentado silenciar el dictamen. Hace dos meses la Casa Rosada intervino para bloquear la votación y obligar a la AGN a “archivar” ese informe.

Así, en abril, la presión de Cristina torció la opinión de Oscar Lamberto y Javier Fernández. Ambos auditores del oficialismo habían coincidido con la mayoría en una cosa: que es censurable y poco trasparente cómo financia la Casa Rosada la trasmisión del deporte más popular de la Argentina. Pero la presión de la Casa Rosada fue durísima y al final acompañaron –a disgusto– el deseo de Cristina de dar por clausurada la investigación.

Esta semana la Auditoría actuó por sorpresa y aprovechó las distracciones de la Casa Rosada. Fue después de que Lamberto le anticipó a Despouy que iba a cambiar su posición y que actuaría de acuerdo a los dictados de su conciencia y a lo que cree que es verdadero.

Sin duda la denuncia en los Estados Unidos reactivó el tema y la Auditoría no quería quedar silenciando, en la Argentina, lo que es un escándalo internacional que involucra a la AFA y a fondos de la Casa Rosada. El informe denuncia los mismos contratos con Torneos de Alejandro Burzaco, por un total de 123 millones de pesos; entre ellos, el referido a la Copa América que empezó ayer.

Primero se “desarchivó” el documento y después se aprobó por cuatro votos a favor y dos en contra. Javier Fernández – ex operador judicial del kirchnerismo– se declaró ausente por enfermedad y Lamberto directamente lo votó.

Cristina tenía mayoría en la Auditoria, pero solo se mantuvieron leales Vilma Castillo y Vicente Brusca: la derrota política de la Casa Rosada fue sonora.

Las causas por corrupción aterran al Gobierno, a pesar de que existe una información concreta: un pacto con los jueces Federales para sacarle el pie del acelerador a las investigaciones que involucran al poder político.

Cristina logró la adhesión de los magistrados a través de múltiples negociaciones y formas pocos convencionales. Otra vez la cúpula de la ex Side, a cargo ahora de Oscar Parrilli, jugó un papel fundamental para “aceitar” la actual tregua de los magistrados.

También ayuda la sensación de que Daniel Scioli se consolida como candidato, frente a la impensada división del arco opositor. En ámbitos empresarios sostienen que los jueces no ven claro el fin de ciclo del “cristinismo” y por eso aceptaron la tregua judicial y los ¨favores” que se giraron desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

También contribuyó una promesa: que el manejo de los servicios de inteligencia –si gana el oficialismo– podría quedar en manos de Rodolfo Canicoba Corral.

Para negociar con los jueces, Julio De Vido puso en acción a su ex secretario privado. Y con ese objetivo, José María Olazagasti –de él se trata– utiliza su cargo en la AFI.

Axel Kicillof está preocupado porque tiene abiertas dos investigaciones por corrupción. Avanza la denuncia por supuestas ayudas al fondo de inversión Latam Securities de Diego Marynberg, para adquirir bonos argentinos a precios por debajo del mercado.

La otra es reciente: las graves irregularidades en la adjudicación de autorizaciones de exportación.

Kicillof enfrenta ahora una fuerte presión de gobernadores y dirigentes del interior.

La semana pasada fue el candidato oficialista de Tucumán, Juan Manzur, quien reclamó por los cultivos de la provincia. Estuvo en la Casa Rosada exigiendo una rápida solución.

Ayer Miguel Pichetto protestó por la crisis del Alto Valle y pidió que Kicillof cumpla con el envío del subsidio comprometido.

Sucede que todas las economías regionales están en crisis y todos los dirigentes coinciden: el descalabro del interior es fruto del atraso cambiario que lleva adelante Kicillof.