En medio de las negociaciones con la Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) delineó una hoja de ruta que excede el ajuste del gasto y las metas fiscales, y apunta de lleno a una reconfiguración del sistema tributario. El planteo tiene implicancias directas sobre trabajadores formales, monotributistas y gobiernos provinciales, al tiempo que sugiere aliviar la carga impositiva sobre sectores exportadores y grandes empresas. La reciente reducción de retenciones antes de la aprobación de un desembolso del organismo aparece como una señal en esa dirección.

Según el informe, una reforma integral podría incrementar la recaudación en un 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), con cerca de la mitad de esos recursos destinados a las provincias. El dato cobra relevancia en un contexto donde varios gobernadores denuncian una fuerte caída en las transferencias nacionales y la paralización de obras públicas.

En ese sentido, el gobernador bonaerense Axel Kicillof había advertido meses atrás que la ejecución de fondos nacionales para infraestructura en su distrito apenas alcanzaba el 3%, reflejando el freno generalizado de proyectos y partidas.

El planteo del organismo internacional se inscribe en una doble tensión: por un lado, la necesidad del Gobierno de sostener el superávit fiscal y cumplir con los compromisos de deuda; por otro, el deterioro de las finanzas provinciales y el impacto social de las políticas de ajuste. En ese marco, el FMI propone ampliar la capacidad de recaudación sin modificar la lógica central del programa económico.

Uno de los ejes principales del documento es el impuesto a las Ganancias. Actualmente, su recaudación representa el 1,8% del PBI, por debajo de estándares regionales e internacionales. El informe cuestiona los cambios impulsados en 2023 por el entonces ministro de Economía Sergio Massa, que elevaron el mínimo no imponible y dejaron fuera del tributo a la mayoría de los asalariados.

«El umbral de exención se mantuvo por encima del nivel vigente antes de 2023», indicó el organismo, que además remarcó que menos del 1% de los trabajadores formales paga hoy ese impuesto. En ese sentido, recomendó que al menos el 20% vuelva a estar alcanzado.

La propuesta implicaría una ampliación significativa del universo de contribuyentes. El FMI sugirió “reducir el umbral de ingresos”, unificar deducciones y simplificar escalas, con el objetivo de aumentar la recaudación en 0,4 puntos del PBI.

El debate sobre Ganancias se da en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. Por eso, la posibilidad de que más trabajadores vuelvan a tributar reabre un conflicto político y sindical que marcó los últimos años.

Otro foco del informe es el régimen de monotributo. Si bien el organismo reconoce que permitió formalizar actividades y ampliar la cobertura social, también advierte que genera distorsiones. “El sistema genera fragmentación, limita el crecimiento de las empresas y produce saltos bruscos en la obligación tributaria”, sostiene el documento.

Bajo esa mirada, el FMI propone avanzar hacia una convergencia entre el monotributo y el régimen general, reduciendo brechas en alícuotas y aportes. Sin embargo, para muchos trabajadores, ese salto implica enfrentar cargas impositivas difíciles de sostener en un contexto de caída del consumo.

El organismo estima que una reforma en este esquema podría aportar entre 0,4 y 1 punto adicional del PBI, y recomienda fortalecer los sistemas digitales de control fiscal.

En cuanto al IVA, el informe señala que los beneficios y exenciones representan el 1,2% del PBI. Frente a eso, plantea avanzar hacia una alícuota más uniforme, acompañada de compensaciones focalizadas para los sectores más vulnerables.

En paralelo, el documento también aborda el tema de las retenciones. Según el FMI, una reducción de un punto porcentual en los derechos de exportación a la soja podría incrementar la producción y las exportaciones en torno al 0,5%. Incluso proyecta que una eliminación total de las retenciones generaría un aumento cercano al 10% en las ventas externas del complejo agroindustrial, con ingresos adicionales de unos 5.000 millones de dólares anuales.

Esta propuesta retoma demandas históricas del sector agroexportador, pero implica resignar una herramienta clave para captar renta extraordinaria y regular el mercado interno. En un país con recurrentes restricciones externas, el debate sobre retenciones trasciende lo fiscal y se vincula directamente con el modelo económico.

Por último, el FMI subraya que cualquier reforma tributaria deberá coordinarse entre Nación y provincias. El punto adquiere especial relevancia en medio de las tensiones entre la Casa Rosada y los gobernadores por la caída de recursos coparticipables y la reducción de transferencias.

Aunque el propio informe reconoce que parte de la mayor recaudación beneficiaría a las provincias, el escenario está atravesado por el ajuste fiscal nacional. Mientras el Gobierno busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas mediante recortes y menor inversión, las administraciones provinciales enfrentan crecientes demandas sociales con recursos cada vez más limitados.