La AGN ha relevado la prestación del servicio ferroviario, tanto el de carga como el de transporte de pasajeros. Nuestros informes reflejan en forma categórica las deficiencias de un sistema que avanzaba hacia un contexto de creciente degradación y señalan con nitidez los factores que contribuyen a esta espiral de decadencia, provocada por un sistema de subsidios sin ninguna rendición de cuentas y ausencia de sanciones frente a los incumplimientos contractuales de las concesionarias.

Pero los informes de la AGN no fueron tomados en cuenta; es más, el Estado fue tolerante y permisivo frente a tales incumplimientos, que despertaron la sospecha de corrupción, tal el caso del comportamiento del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que llegó a mostrar las prebendas de los destinatarios de subsidios distribuidos por él mismo.

Otros factores que señaló la AGN fueron la ausencia de inversiones; desvíos en las contrataciones para las tareas de mantenimiento -generalmente tercerizadas con empresas del mismo grupo-, que engendraron precarización laboral y alimentaron una gran conflictividad sindical, reflejada trágicamente en el asesinato de Mariano Ferreyra.

Si leemos el informe número 203/2012 disponible en www.agn.gov.ar , sobre compras de material ferroviario a España y Portugal, difícilmente podamos explicarnos que quienes participaron de esas fraudulentas negociaciones no hayan recibido aún sanción alguna de la Justicia. Al leer las condiciones en que se realizó la operación, el lector quizás pueda creer que no está frente a una tarea de auditoría, sino ante una novela policial.

El país nos interpela a encontrar una solución urgente que ponga término a esta sucesión de tragedias portadoras de un trauma social que se incrusta profundamente en nuestra cotidianidad, alienta el sentimiento de que la corrupción mata y afecta sobre todo a los sectores de menores recursos, empujados por las condiciones económicas al acto temerario de utilizar el ferrocarril.