El avance de la pesquisa deparó hasta aquí insólitos resultados. El fiscal que investigaba fue desplazado, el juez que intervenía recusado y el procurador general debió renunciar cuando el mismísimo Boudou cargó sobre él una serie de inconductas que jamás ocurrieron, según podemos saber hoy.

Todas las explicaciones brindadas por el sospechado fueron contradichas. Nadie ha podido ver en sus descargos más que palabras destempladas propias de quien, sabiéndose desenmascarado, carga contra el mundo.

La Presidencia avaló una y otra vez el proceder de su vicepresidente, tal vez para no admitir el error que significó elegirlo para ocupar semejante cargo. En esa tesitura, hasta intervino la imprenta y propició su estatización.

Los legisladores oficialistas han acompañado pasivamente la protección desplegada para encubrir al vicepresidente. Lo mismo han hecho ante la propuesta estatizadora de la imprenta, tal como suelen hacer ante cada iniciativa presidencial. Como ya es habitual, sin reflexionar sobre nada de lo que se propicia, se han limitado a obedecer un mandato que, cuanto menos, mereció ser revisado.

El cuadro parece perfeccionarse con un dato que, si no fuera por lo trágico, bien podría sonar risueño: la sesión del Senado que trató la estatización de la imprenta cuestionada fue presidida por el mismo sospechado de haber participado en la maniobra.

No es casual que se haya reparado en el hecho que involucra al vicepresidente para intentar explicar el desánimo que atraviesa a parte de nuestra sociedad. Es muy negativo descubrir que en la cúspide del poder se procede de ese modo y mucho más penoso observar que desde esa misma cúpula se articulan las acciones que buscan favorecer la impunidad.

Siempre la impunidad produce desazón. La misma desazón que genera ver salir de la cárcel para su solaz al "pibito" (así lo trata la Presidenta) que diez días antes había sido condenado por haber matado a la madre de sus hijos quemándola viva. La misma desesperanza que provoca escuchar el elogio a los "barrabravas" que en sus disputas se llevaron la vida de tantos argentinos. El mismo resquemor que se siente cuando de la boca presidencial emanan "escraches" a personas que sólo expresan su disidencia. El mismo desaliento que causa advertir que desde el mismo gobierno que niega la inflación, se afirma que en nuestro país una persona puede vivir gastando tan sólo seis pesos diarios. La misma impotencia que provoca ver la indiferencia gubernamental ante un prolongadísimo paro de subtes que privó de transporte a cientos de miles de personas que a diario se movilizan sólo para trabajar. El mismo malestar que asoma cuando se desfinancia un banco público con el sólo propósito de dañarlo.

Nada desanima más a un pueblo que descubrir que el poder se ha encerrado en sus lógicas tratando de hacer prevalecer un relato que poco o nada se concilia con la realidad. Por virulentos que sean los discursos que se emiten o grandilocuentes los actos que se organicen, gran parte de la conducta del Gobierno parece confirmar la vigencia de la peor Argentina y no de la que se afirma estar construyendo.

La Presidenta debería saber que un número importante de argentinos está decepcionado por el presente y tal vez alguien debería advertirle que un número también importante de sus propios votantes ven preocupados la distancia que separa a sus análisis verbales del devenir cotidiano.

A diferencia de lo que la Presidenta dice, la cadena del desaliento no tiene su génesis en las páginas de los diarios en las que, en el peor de los casos, se reflejan y potencian los dislates de su política. La cadena del desaliento no se construye con noticias. Se construye, precisamente, con los muchos traspiés gubernamentales. La protección de los sospechados y en la impunidad de los poderosos; el falaz respeto a las libertades individuales mientras se sanciona una norma que las castra tras el falso propósito de reprimir al terrorismo. La exaltación de los que alejan del fútbol a los argentinos; el creciente déficit de las cuentas públicas y en la negación de una inflación que impiadosa carcome la capacidad de consumo de los que viven de un salario; la desaprensión con que se enfrenta la inseguridad ciudadana; el cinismo de desatender conflictos gremiales para profundizarlos en perjuicio de un gobierno local y la perversión de desfinanciar al banco público de una ciudad que le resulta políticamente adversa, son meros eslabones de esa cadena que quita el sueño a la Presidenta. No son noticias. Son decisiones de su gobierno

Es verdad que la desazón ciudadana mina la confianza en los que gobiernan. Tan cierto como que quien gobierna mina su suerte si confunde la misma realidad sobre la que debe operar. La gente deja de creer en los gobiernos cuando advierte que quien está llamado a atender sus inquietudes y resolver sus problemas se muestra ajeno y distante de cualquiera de ellos.

Pretender construir otra realidad con palabras profusamente difundidas a través de cadenas oficiales, no basta para minimizar u ocultar los desaciertos. Porque, al fin y al cabo, si la política es el arte de administrar la realidad, es imposible ejercerla ignorándola, tergiversándola o, lo que es peor aún, negándola. Cuando eso sucede, el desánimo se propaga. Y es ese desánimo el que parece que inquieta a quienes gobiernan.

El desánimo desaparece en el mismo instante en que el ciudadano advierte que quienes gobiernan corrigen sus errores y asumen los problemas para superarlos. Sin duda que el Gobierno puede hacerlo modificando la idea de que la causa del desasosiego está en el papel de los diarios, en el éter de la radio o en las pantallas televisivas, y admitiendo que, contrariamente a lo que piensa, el desasosiego crece allí donde la gente encuentra escollos para lograr una vida mejor y nadie se ocupa de eliminarlos.

Si el Gobierno no lo hace, seremos otros lo que lo intentaremos. Pues al fin y al cabo, no es difícil hacerlo. Se trata simplemente de entender que, como se ha dicho, la política es el arte de administrar la realidad. No la de negarla.