El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria volvió a pedirle este jueves a la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que convoque a sesión especial para el próximo viernes 23 con el objetivo de debatir el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 firmado por el presidente Javier Milei al inicio su mandato. Pero desde La Libertad Avanza, hacen oídos sordos.

La fecha elegida coincide con la sesión preparatoria que debería llevarse a cabo ese mismo día y que el Senado celebra cada año para ratificar las autoridades de la Cámara. Además, el 23 había sido elegido, originalmente, con acuerdo de todos los bloques, para debatir la Ley de Lavado de Activos, incluida en el llamado a sesiones extraordinarias. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió no ampliar el período legislativo que concluye formalmente esta noche a las 12.

También, en los últimos días, el radicalismo propuso tratar el DNU en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y le pidió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que envíe la lista de legisladores, ya que los propuestos por el Senado fueron designados hace más de un mes.

Unión por la Patria pidió sesionar el 1 y el 15 de febrero. El miércoles por la tarde, antes de que se confirmara que la sesión especial no iba a llevarse a cabo, emitió un comunicado cuestionando la “actitud dilatoria” del radicalismo de querer llevar la discusión a la Bicameral.

En el pedido de sesión de este jueves, firmado por todo el interbloque que encabeza el formoseño José Mayans, argumentan que Villarruel “incumplió su obligación de citar a la sesión solicitada, vulnerando el artículo 20 del Reglamento”, que es el mismo que le da la potestad a la Presidenta del Senado de elegir día y hora de la sesión.

“Considerando que todos los plazos se encuentran sobradamente vencidos, resulta imperioso que este Senado se aboque al inmediato tratamiento” del DNU 70/23, señala la nota.

De acuerdo con la Ley que regula el tratamiento de los Decretos, una vez vencido el plazo de diez días de su publicación, la Comisión Bicameral puede comenzar a debatirlos. No obstante, si ese paso no se concreta, diez días más tarde, el pleno está habilitado para discutir el tema en el recinto.

Asimismo, de acuerdo con la misma ley, se necesita del rechazo de ambas Cámaras del Congreso para que el DNU quede sin efecto.