La controversia en torno al INDEC no quedó limitada al plano político o técnico. El episodio impactó de lleno en el mercado financiero y dejó una señal de alerta para los inversores. Tras la renuncia de Marco Lavagna a la conducción del organismo, las acciones argentinas en Wall Street sufrieron fuertes pérdidas y el riesgo país volvió a niveles que no se veían en las semanas previas.

El detonante fue la decisión oficial de postergar la difusión del nuevo índice de inflación. El índice arrojó una suba de 3,4 por ciento para enero. Desde el Gobierno pidieron que no se publique. Luis Caputo admitió que la salida de Lavagna respondió a su negativa a aceptar esa decisión. En el mercado interpretaron el episodio como un gesto de interferencia política en las estadísticas públicas.

La reacción fue inmediata. Los ADRs argentinos se desplomaron hasta 23 por ciento, con Bioceres Crop a la cabeza. La acción tocó un mínimo histórico. También cayeron con fuerza Globant y Vista. En la plaza local, el Merval cerró en baja y el riesgo país superó otra vez los 500 puntos básicos, en un contexto de mayor desconfianza.

A ese escenario se sumó otra señal que cayó mal entre los operadores. Caputo confirmó que el Gobierno no planea salir al mercado internacional de deuda en el corto plazo. La definición reforzó la percepción de aislamiento financiero y profundizó la presión sobre los bonos soberanos.

En paralelo, la polémica desató una ola de críticas entre economistas y exfuncionarios. Muchos cuestionaron el momento elegido y el manejo comunicacional. Carlos Melconian afirmó: “Salvo que me esté perdiendo algo que no sé, una vez más el Gobierno comete el pecado de tener una infantería comunicacional y comunicar mal”. También sostuvo: “Han cometido un horror comunicacional y de crédito personal”.

Otros especialistas pusieron el foco en el daño reputacional. Ariel Coremberg reclamó mayor autonomía para el organismo y advirtió: “El Indec debería ser un organismo autárquico e independiente de los gobiernos, con su titular designado por concurso y un consejo consultivo que establezca su plan de trabajo. Sostener la credibilidad es fundamental”.

Marina Dal Poggetto señaló que la decisión resultó “desprolija” y reconoció que la salida de Lavagna “genera algo de ruido”. Aun así, destacó la continuidad técnica dentro del organismo. En una línea más dura, Martín González Rozada escribió: “Un día negro para las estadísticas públicas del país. La interferencia política para impedir que se publique el IPC con la nueva canasta habla más del ‘proceso de desinflación’ implementado por el ministro que de la forma de medirla”.

Las críticas también llegaron desde el plano político. Martín Tetaz advirtió que cualquier manipulación resulta inadmisible y alertó sobre el impacto en activos indexados. Alfonso Prat-Gay subrayó la centralidad de la independencia estadística para sostener la estabilidad. Lucas Llach valoró la gestión de Lavagna y remarcó el proceso de recuperación de credibilidad del instituto.

En una visión más matizada, Sebastián Galiani sostuvo que el cambio metodológico era necesario, aunque cuestionó la forma en que se comunicó la postergación. “Es un error, pero un error en democracia, con estadísticas funcionando. No un retroceso institucional”, señaló.

Más allá de los matices, el efecto fue claro. La polémica por el INDEC dejó un costo financiero inmediato, con caída de bonos, suba del riesgo país y un golpe a la confianza, en un momento en el que el Gobierno buscaba mostrar estabilidad y control de la inflación.