El Concejo Deliberante de San Isidro en su sesión del pasado miércoles se adhirió a las actividades convocadas por organizaciones no gubernamentales en repudio de femicidios y toda forma de violencia contra la mujer.
Por unanimidad, el Concejo Deliberante de San Isidro adhirió a las diversas actividades convocadas por distintas organizaciones no gubernamentales en repudio de los femicidios y de toda forma de violencia contra la mujer y reclamó la plena aplicación y cumplimiento de la Ley N° 26.485 de Protección Integral de la Mujeres.
La adhesión del legislativo sanisidrense no fue un mero formalismo sino que de acuerdo a lo solicitado por los organizadores de los actos del miércoles 19 de octubre en todo el país, se sumó a un cese de actividades entre las 13 y las 14 para reflexionar sobre este flagelo que azota a la sociedad. Durante ese lapso se desarrolló un cuarto intermedio en la sesión. Todas las concejales del recinto vistieron de negro en repudió a los femicidios y adhiriendo a la consigna del #NiUnaMenos.
Entre los argumentos que llevaron al Concejo Deliberante a sumarse con fuerza a este reclamo, se destaca el aumento de la violencia de género en la Argentina que es el segundo país de América, luego de Brasil, con mayor cantidad de registros de femicidios.
Los concejales sanisidrenses exigieron la puesta en marcha de la Ley N° 26.485, sancionada en 2009, y de muy escaso cumplimiento. De sus 45 artículos apenas ocho están reglamentados y once lo fueron de manera parcial y de los que sí lo están, la mayoría no se cumple por falta de coordinación entre las jurisdicciones y entre los distintos poderes.
Además, los ediles resaltaron que en el cuerpo se desarrolla una política inclusiva y en defensa de la violencia de género desde hace más de 10 años.
Por otro lado, en la orden del día, resaltó un expediente ingresado por Juan Ottavis, que solicita la creación del Foro de mujeres.
EL RESTO DE LA SESIÓN
El debate más arduo se produjo a la hora de votar una comunicación del cuerpo sobre el impacto ambiental de la construcción de oficinas en el predio Panamá, en Cuyo y Entre Ríos. “Tenemos que ser autocríticos. El Municipio brindó una respuesta administrativa a una inquietud de un grupo de vecinos. Creemos que fue un error y hay que corregirlo. Queremos que estos inversores privados mitiguen el impacto en el entorno. Hay que ayudar a mejorar la calidad de vida y también la relación entre vecinos”, resaltó el concejal radical Jorge Álvarez.
Además, el Concejo Deliberante expresó el beneplácito con la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública y, en otro punto, aprobó transmitir en vivo y en directo las sesiones a través de internet. Es un paso más en la profundización de herramientas que le permiten al cuerpo aproximarse al vecino y permitir un mayor acceso a la información interna.
En cuanto a la seguridad, se aprobó pedir un refuerzo en el patrullaje del Barrio San Isidro. Y en sintonía con las consignas sobre género, se solicitará al Ministerio de Seguridad bonaerense que se tomen las acciones necesarias para capacitar al personal de la policía local sobre violencia de género y violencia sexual.
Entre los expedientes ingresados para debatir en comisión resaltan un pedido de informes sobre el Plan de Modernización en San Isidro, que estipula la creación de una nueva Secretaría y que había sido elaborado por la concejal del PRO Rosalía Fucello.
El bloque del PJ ingresó un proyecto para crear un registro municipal de garitas de vigilancia, y un expediente para crear en San Isidro la Institución del Defensor del Pueblo.

