En la mañana del miércoles, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de San martín convocó a una conferencia de prensa para manifestar su repudio a las intenciones del Parlamento bonaerense de modificar la ley para conformar el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. El proyecto fue presentado por la kirchnerista Cristina Fioramonti y cuenta con la sanción de la Cámara de Senadores. En las próximas horas podría ser aprobado en la Cámara baja.

“En el Senado, el proyecto ingresó un día miércoles y fue aprobado. Es decir que no tuvo el más mínimo debate ni consenso. Esta iniciativa viene a contramano de algunas tratativas para modificar la ley, que veníamos hablando desde los colegios departamentales y el Ministerio de Justicia. Queríamos darle mayor agilidad a las designaciones del Consejo de la Magistratura y más transparencia a las decisiones”, comentó Marcos Vilaplana en comunicación telefónica con “Pasa de Todo” en la FM 105.7.

“Este proyecto que apareció no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando. Y redujeron el número de abogados a la mitad, de cuatro a dos, y romper el equilibrio que debe tener según prevee la Constitución provincial. Los estamentos deben funcionar en equilibrio, y quedaríamos con 2 representantes entre los 17 miembros. Esto garantiza que las designaciones sean consensuadas entre los distintos actores”, agregó el abogado.

Ahora, el tema será tratado en la Cámara de Diputados. Allí, el oficialismo necesita alianzas políticas con otros sectores para tener quórum y aprobar la reforma. Desde el ámbito profesional de los abogados hubo contactos con los bloques del Parlamento para expresar sus opiniones.

“Hoy el Consejo de la Magistratura funciona con 18 miembros. 4 son de los Colegios departamentales, 10 del Poder político entre Ejecutivo y Legislativo, y 4 para los Magistrados. Buscan que las decisiones sean consensuadas entre todos los estamentos. Si reducimos el número de miembros y mantenemos la representación del poder político, lo que hacemos es aumentar su poder especifico respecto a la asignación de jueces. Y si le sumamos la modificación para calificar a aspirante, criticando criterios objetivos como antecedentes académicos o profesionales para ingresar criterios personales, entonces el poder político podría imponer a cualquier candidato”.

¿Qué pasa si la ley se vota de todas formas? Vilaplana afirmó que buscarán que el Ejecutivo vete la ley. Y si eso no ocurre, acudirían a la acción judicial.