Durante años el Estado se negó a vender licencias de cable, y en paralelo los municipios no otorgaban permisos de cableado. Ese era un extremo cuestionable, que abarcó a todo el Gobierno de Néstor Kirchner y mi gestión al frente del Comfer, el organismo que las otorgaba.

Desde ya que la decisión no era mía, se resolvía a un nivel que me superaba. Era una especie de pacto tácito: el cable se había vendido en sumas millonarias en dólares y las licencias se consideraban cubiertas. Vender nuevas licencias hubiera sido un acto de justicia, aunque ignoro si había inversores para instalarlas.

El servicio satelital funciona con una única licencia, el terrestre con una por ciudad. Al generarse por zonas y luego concentrarse en los grandes inversores, el cable mantiene su estructura de múltiples licencias. Es un tema discutible: se puede cuestionar la concentración pero no por el número de licencias sino que la lógica indicaría que se debe objetar por el número de abonados. Alguien encontró que el grupo Clarín abundaba en licencias e incluyó esa limitación en la ley.

Además, cada licencia activa implica una costosa inversión en cableado y transmisores, transporte de internet y en rigor, la desinversión obligaría a una expropiación. Sin expropiar las redes es imposible avanzar, pero expropiarlas, cotizarlas, obtener inversores y una Justicia que avale las expropiaciones es ya un conflicto de otra dimensión.

No imagino demasiados inversores para las redes a expropiarse. Y en el caso que el actual propietario de las redes deje de otorgar el servicio los damnificados serán los abonados.

Ahora comienza otra fase del ciclo jurídico de esta ley que hasta el momento solo muestra el camino hacia el monopolio estatal. Eso sí, todo en nombre de la libertad de prensa, para los que piensan parecido.