El Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas –alineado con el gobierno nacional– presentó una denuncia penal que afecta al gobernador Daniel Scioli y a miembros del gabinete provincial, funcionarios de la Justicia y empresarios privados.

La entidad nacional presidida por el abogado Luis Caro los acusa de “fraude, violación de los deberes de funcionario público y asociación ilícita en perjuicio de la Provincia, a partir del pago de 101 millones de pesos para la expropiación de una empresa recuperada por los trabajadores”. Se trata de la planta metalúrgica Ignacio F. Wasserman SA ubicada en Villa Martelli que enfrentó una crisis financiera en el estallido de principios de siglo.

Luis Caro sostuvo que con la mitad del dinero que gastó el Estado bonaerense en Wasserman SA “se podrían haber expropiado todas las fábricas recuperadas de la Provincia”.

Además de Scioli, la denuncia judicial involucra al entonces ministro de Producción bonaerense, Martín Ferré (ahora en Desarrollo Social), al abogado constitucionalista Daniel Sabsay (en la denuncia se detalla que le fueron transferidos 22 millones de pesos en conceptos de aportes) , al presidente de la empresa, Ignacio Wasserman, y a su hijo, entre otros.

Desde el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas precisaron que la tasación que hicieron los peritos de la fiscalía fue de 26 millones de pesos, mientras que la firma reclamaba 102 millones de pesos. Fuentes cercanas al sciolismo, sin embargo, desestiman la denuncia. Afirman que la diferencia del traspaso, casi 80 millons pesos, se debe a que se pagó ese precio porque el monto de la operación incluyó la venta y las maquinarias que se encontraban dentro de la empresa

INTENTOS PARA QUE LA DENUNCIA NO SE PIERDA EN LA LEGISLATURA

Daniel Scioli debería estar preocupado porque la totalidad del arco opositor se nucleó detrás de una denuncia de fraude y asociación ilícita, y porque el futuro de las acusaciones en la Legislatura dependen en gran medida de la actitud que adopten diputados del kirchnerismo duro.

Hace dos semanas ingresaron a la Cámara de Diputados de la Provincia dos proyectos que buscaban echar luz sobre las denuncias de fraude y asociación ilícita, presentados por el presidente del bloque PRO Peronismo, Marcelo Di Pascuale, quien cosechó el apoyo de la totalidad de la oposición.

Sin embargo, a partir de maniobras del actual ministro de Desarrollo Social, Martín Ferré, se logró frenar el avance de los expedientes (uno de declaración y otros de pedido de informes).

De las decenas de legisladores firmantes en el proyecto inicial, sólo tres continuaron con la voluntad de insistir, y redactaron dos nuevos proyectos. Se trata de los legisladores Rubén Eslaiman (PRO Peronismo), Ricardo Lissalde (Alternativa Peronista) y Walter Martello (Coalición Cívica).

Los diputados solicitan los motivos por los cuales el gobierno “decidió actuar distinto en esta expropiación respecto de lo que ah sido su política en la materia: vetar todas las leyes de expropiación argumentando no tener presupuesto o que no es constitucional una ley surgida del Poder Legislativo que comprometa el presupuesto del ejercicio”. También pidieron las razones “por las cuales no se tuvo en cuenta el monto abonado (101 millones de pesos) en el momento de la elaboración del presupuesto anual del Ministerio de Producción (130 millones), ya que de no haberse ampliado la partida desfinanciaba al área en cuestión”.

Además, los legisladores declararon “su profunda preocupación por la decisión del Ejecutivo de abonar en 101 millones de pesos pese a que la tasación realizada por la Fiscalía de Estado había sido casi 4 veces inferior: 26.427.540 pesos”.

TODO COMENZÓ EN 2002

Durante la gestión de Felipe Solá al frente de la Gobernación bonaerense, en 2002, el Estado provincial declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y las instalaciones de la metalúrgica Ignacio Wasserman SA. Entonces cambió de nombre y pasó a manos de los trabajadores como la cooperativa de trabajo “Los Constituyentes Limitada”