Cada vez que Cristina Kirchner habla, hay consecuencias. A principio de junio, durante un acto por los 100 años de YPF, la vicepresidenta apuntó contra Matías Kulfas por sostener que había irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Pocos días después, el Ministro de Desarrollo Productivo debió renunciar. Este lunes, la expresidenta apuntó contra los piqueteros y ahora también llegaron los cambios.

Es que el Gobierno nacional decidió quitarle el control de 180.000 planes sociales a las organizaciones sociales y traspasarlos a la órbita de las provincias y los municipios. Se trata de programas incluidos dentro del Potenciar Trabajo, una de las partidas centrales del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta, el equivalente a un 15% del total de 1,2 millones de beneficiarios.

La medida surge como efecto de auditorías que viene realizando Desarrollo Social, que revelaron irregularidades dentro de las organizaciones sociales que ofician de intermediarias. Hace pocos días se conoció que el Polo Obrero que conduce Eduardo Belliboni le cobra un 2% del ingreso que percibe cada uno de los beneficiarios.

El Potenciar Trabajo es un programa que representa un presupuesto de $ 227.100 millones anuales, que controla el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, secretario de Economía Social. Precisamente el Evita es la organización que más planes administra, cerca de 150.000. Otros 60.000 cupos, además, los controla Somos Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, también alineado dentro del albertismo.

El Movimiento Evita fue apuntado con dureza por Cristina Kirchner el lunes pasado, en el acto que encabezó en Avellaneda. «Si Evita viviera… ¡Mamita!», había dicho la vicepresidenta al pedir «transparencia» en un discurso filoso con críticas al movimiento que lideran Pérsico y Fernando «el Chino» Navarro por la manera en que coordinan la entregan los planes sociales.