Este lunes, el Juez Sebastián Casanello procesó a Eduardo Belliboni por la administración fraudulenta en perjuicio de estado mediante los planes sociales. A través del plan Potenciar Trabajo el líder del Polo Obrero asignaba subsidios a cooperativas que no cumplían requisitos, no se controlaba su utilización ni se rendían cuentas de su ejecución.

Según trascendió, serian cerca de 572 millones de pesos la cantidad de dinero administrada por Belliboni entre 2020 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernández. El juez le prohibió al líder del Polo Obrero la salida del país y la entrega del pasaporte, la orden de presentarse todos los meses en el juzgado y la obligación de no concurrir a los comedores sociales que están bajo investigación.

Cabe destacar que la investigación no habla de un engaño al estado por parte de la organización piquetera, sino que trabajaba en cooperación con Emilio Persico que era secretario de Economía Social de esa cartera durante el gobierno de Alberto Fernández.

Pese a no contar con el material suficiente, Policitta le pidió a Casanello indagar a Persico junto a otros dirigentes como Pablo Ariel País, Walter Alejandro Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Juan Migone, Mariana Noelí Fernández y Ernesto Vicente Paillalef. Asimismo, pidió que se cite nuevamente a prestar declaración indagatoria a Belliboni, Mariano Alejandro Centanni, Elizabeth del Carmen Palma, Iván Ortiz, María Isolda Dotti, Erika Lubenfeld y Ezequiel Coego.

 El fiscal acusó, «que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron”. Y el 10% fue aplicado a facturación apócrifa para intentar justificar la falta de comprobantes de gastos, destacaron.

“La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex-Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social –encabezada por Emilio Pérsico–, que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social, actuaron en forma coordinada con las autoridades de la organización Polo Obrero –dirigida por Eduardo Silvio Belliboni–”, dijo el fiscal.

Pollicita habló de un “acuerdo de impunidad” entre funcionarios-piqueteros y piqueteros. Dijo que de los $361.087.500 que recibió el Polo Obrero, al menos $219.955.153,73, un (60%), no habían sido devueltos ni rendidos al Estado nacional.

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