Cuando Brasil devaluó en 1999, recuerdo que los periodistas entrevistaron a Carlos Saúl Menem -el entonces presidente de la Argentina-, y le consultaron por el abandono de la convertibilidad y la magnitud de la devaluación que llevaría adelante el gobierno argentino. Menem respondió que no habría devaluación. Que el paso que venía era la dolarización. Siempre tuve la sensación de que ésa era la salida que el país necesitaba para evitar volver a las políticas inflacionistas de los años 1980. Pero Menem no avanzó en esta política, y por el contrario, continuó incrementando el gasto público (aumentó 100% en dólares en una década), con su consecuente déficit fiscal. La acumulación de deudas le permitió mantener su estructura de poder y colocó los vencimientos pocos días después de su salida del cargo, dejando el campo minado a su sucesor.

Fernando De la Rúa prometió mantener la convertibilidad, pero no supo, no pudo o no quiso hacer el necesario ajuste para equilibrar las cuentas. La pérdida de reservas fue aumentando día a día. Ricardo López Murphy llegó al Ministerio de Economía en marzo de 2001 con la renuncia en el bolsillo, si no lo dejaban avanzar en el ajuste que el país necesitaba, y pocos días después abandonó el cargo, ante las manifestaciones sociales contrarias a esas intenciones. De la Rúa no soportó la presión que el plan de ajuste necesitaba. El retorno de Domingo Cavallo sólo empeoró las cosas. Explicó que el problema no era el déficit, sino la competitividad, y dio señales claras de un gradual abandono de la convertibilidad, lo que aceleró la fuga de capitales y dejó al Banco Central de la República Argentina sin reservas, obligando a los gobiernos siguientes a abandonar la convertibilidad y pesificar. La dolarización pudo ser la alternativa, pero debió aplicársela antes de quedarse sin reservas.

Ya escribí hace unos pocos días acerca de la coyuntura actual, con serios problemas en el frente fiscal, monetario y cambiario. Sintetizando algunas magnitudes clave, el presupuesto 2014 prevé un gasto público total cercano al billón (1.000.000.000.000) de pesos, cuya ejecución promete exceder aún ese valor. La presión tributaria récord de nuestra historia -y una de las más altas del mundo- no alcanza para financiar dicho gasto, diferencia que será financiada con mayor emisión de dinero y el restringido acceso a deuda pública, que se elevó de US$ 144.000 millones en 2001 a US$ 237.500 millones, una vez que sean regularizados los saldos pendientes. En el frente cambiario, la fuga de capitales ya perforó el nivel de reservas del Banco Central de los US$ 33.000 millones, lo que promete seguir presionando el alza de precios.

El problema que enfrenta hoy el gobierno es cómo evitar que continúe esta pérdida de reservas, dado que esto atenta contra el modelo económico. Sugería en aquel artículo un cambio de rumbo o de modelo, pero eso no pasará si atendemos al discurso oficial. Las reformas económicas que se comentan, sea una profundización, ampliación o desdoblamiento del cepo cambiario, o bien medidas concretas contra aquellos que quieran salir del país en el verano que se avecina, son sólo un maquillaje que de ningún modo podrán resolver esta difícil situación.

¿Qué hacer entonces? En primer lugar, reconocer nuestros fallos. La Argentina es incapaz de gestionar su propio dinero, aspecto que queda claro al estudiar nuestra historia o revisando la situación inflacionaria actual. El cepo cambiario además ha fracasado, si atendemos que en un año y medio desde su implementación generó una fuga de capitales de 19.000 millones de dólares, apenas por debajo de los 20.000 millones de dólares que se fugaron entre enero de 2001 y mitad de 2002.

En segundo lugar, actuar en consecuencia, esto es, quitar el cepo cambiario. Preocupa una acelerada fuga de capitales que liquide las reservas, lo que sólo puede ser resuelto con medidas que transmitan credibilidad. En este contexto, no puedo pensar más que en dos alternativas. La dolarización o una nueva convertibilidad. En el primer caso, la medida podría implementarse en cuestión de días y con bajo costo relativo. Un cálculo de la base monetaria ampliada dividido por las reservas declaradas y auditadas por el Banco Central de la República Argentina nos deja con un dólar por cada 15 pesos. En este caso, el Banco Central de la República Argentina debe cerrar sus puertas e invitar a todas las personas a que se acerquen a los bancos a cambiar sus pesos a esta paridad. Los contratos de aquí en más deberán ser denominados en dólares, y se podría liberar al mercado, esto es a la gente, a que elija monedas alternativas como el euro, el yuan, o cualquier otra divisa para realizar sus contratos. Incluso se podría alentar una banca off shore, para atraer nuevos bancos internacionales, reducir el riesgo país y asegurar la atracción de inversiones. Además, los impuestos comenzarán a pagarse en dólares, que sería la moneda de curso legal, y los salarios públicos, incluyendo docentes y jubilados, también comenzarán a pagarse en esa moneda.

En el segundo caso, se podría implementar una nueva convertibilidad a $ 15 por dólar, bajo condiciones similares a la Ley 23.928 pero me temo que se pueda repetir la experiencia de 2001. El costo de salir de la convertibilidad siempre es menor que el de abandonar la dolarización. En cualquier caso, ambas propuestas tendrán una consecuencia lógica e inmediata en la estabilidad monetaria. Una medida u otra obligará al gobierno a buscar fuentes alternativas de financiamiento del gasto que la monetización del déficit fiscal. Quizás la deuda pública sea útil en la transición al equilibrio fiscal, pero habría que implementar un plan económico para alcanzar el equilibrio fiscal en menos de tres años. Un presupuesto base cero debería estar también en la agenda del gobierno, lo mismo que el abandono de los subsidios y un sinceramiento de la economía, en especial en lo que refiere a las tarifas de los servicios públicos y en los precios de bienes y servicios hoy regulados. La viabilidad del plan requiere que estas medidas sean inmediatas, puesto que una continua fuga de capitales y caída de reservas sólo conducirán a consecuencias muy graves en lo económico y especialmente en lo social.