Es por el asesinato de los dos jóvenes en José León Suárez. El por entonces ministro de Justicia había asegurado que el descarrilamiento del tren en febrero de 2011 fue para robar la carga, pero la Cámara de San Martín lo desmintió. Además, fue apartado el tribunal que iba a encarar el juicio oral a los dos policías implicados.
El juicio oral por el asesinato de dos jóvenes en José León Suárez, sumado al intento de homicidio de un tercero, sufrirá una demora en su inicio, prevista para mayo o junio. Es que la Cámara de Apelaciones de San Martín, luego de hacer lugar al pedido de los particulares damnificados, decidió apartar de la causa al Tribunal Oral 1. Por unanimidad, la Cámara realizó la recusación “a fin de descartar toda duda o temor de parcialidad” por parte de los miembros de ese tribunal.
Según entendió, los jueces recusados se habían declarado “incompetentes” por entender que en el caso debía intervenir la Justicia federal, dado que la represión policial presuntamente se había dado como respuesta a un supuesto “descarrilamiento provocado dolosamente” contra un tren perteneciente a empresa Nueva Central Argentina, en febrero de 2011.
Según los camaristas, no hubo ningún tipo de “descarrilamiento doloso y saqueo” posterior, por lo que apartaron a los jueces originales y ratificaron la competencia del fuero ordinario. Así, deberá ser designado por, por sorteo, un nuevo tribunal oral.
“La resolución de la Cámara es muy importante, porque ratifica el hecho de que no hubo un descarrilamiento provocado con fines de robo, como había dicho inicialmente el ministro de Justicia bonaerense (Ricardo Casal), sino que se trató de un accidente que llamó la atención de mucha gente que rodeó al tren y que fue reprimida con violencia por la Policía Bonaerense, que atacó a la multitud con munición de guerra, matando a dos chicos e hiriendo de gravedad a un tercero, que sólo estaban mirando lo que había ocurrido”, le dijo al matutino Página/12 Juan Carlos García Dietze, uno de los abogados querellantes, junto con Federico Efrom, perteneciente al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Además de intentar que la causa pasara al fuero federal, por ser un supuesto atentado contra un medio de transporte, los miembros del Tribunal Oral 1 pretendieron sacarnos del medio como particulares damnificados, lo que nos impedía el pedido de producción de pruebas y la posibilidad de formular acusación durante el juicio oral”, agregó García Dietze.
A través del fallo, la Cámara dejaron en claro que los abogados representantes de las familias de las víctimas propusieron la recusación de los jueces Alejandro Moramarco Terrarossa, Oscar Correa y Silvio Jorge Chagay, ya que se habían expresado sobre la presunta existencia de “un descarrilamiento provocado dolosamente” y sobre “un saqueo a los containers que transportaba el tren”. Pero –aseguraron- “en ningún momento” del proceso, ni los fiscales ni el juez de primera instancia se habían manifestado en ese sentido.
En su primera resolución, el Tribunal Oral 1 se había declarado “incompetente” ya que –según entendía- se estaba ante un caso de la Justicia federal. Esto fue desechado por la Cámara y, en consecuencia, los abogados de la querella plantearon la recusación, debido a que, si se mantenía esa postura de los jueces del Tribunal 1, se debilitaba la acusación por los dos crímenes y el intento de homicidio que hoy pesa sobre los policías Gustavo Sebastián Rey Denis, acusado por los homicidios de Franco Almirón (16 años) y Mauricio Arce Ramos (19), y Ezequiel Vega Lomaquis, imputado por las heridas graves que sufrió Joaquín Romero (18).
La Cámara, en su fallo, aseveró que los particulares damnificados consideraron que considerar que el suceso había empezado por un supuesto “descarrilamiento doloso” significaba “una cuestión que lejos de ser menor deviene trascendente en punto a que guarda directa relación con los hechos materia de elevación a juicio” por cuanto reviste el carácter de “un neto prejuzgamiento sobre tales aspectos”, en perjuicio de la postura de la querella. Esa situación de “prejuzgamiento” se habría hecho carne en el juicio oral, de seguir el caso en mano del Tribunal Oral 1.
En tanto, ese mismo tribunal había resuelto una serie de resoluciones que “limitaban severamente los derechos y facultades” del particular damnificado sin hacer lugar al pedido de producción de pruebas y al señalar “expresamente que (esa parte) no podrá formular acusación formal contra los imputados”.
Por lo expuesto, la Cámara consideró que los particulares damnificados “no sin razón” tenían la “sensación de parcialidad” por parte del Tribunal 1 o el “temor de imparcialidad” por parte de los jueces, teniendo en cuenta las medidas tomadas y “el prejuzgamiento de los relevantes sucesos investigados en autos”. Por tales razones y con el “fin de descartar toda duda o temor de parcialidad”, se decidió finalmente apartar del caso a los jueces del Tribunal Oral 1.
Por último, la Cámara detalló que el fallo tiene importancia “especialmente por la sociedad”, dado que “no debe olvidarse aquí que nos encontramos frente a un proceso penal de relevante trascendencia pública en el que han de ventilarse, encontrándose próximos a sus juzgamientos, los lamentables sucesos luctuosos objeto de la pesquisa”. Esta resolución fue firmada por los camaristas Solange Cambet, Carlos Julio Hermelo y José Marinaro. El juicio oral, ya con nuevo tribunal, se realizaría antes de fin de año.
