La nueva iniciativa, a diferencia de 2024, incorpora la producción de cosméticos, estudios ambientales, prioridad para abastecer al sistema público y nuevas funciones vinculadas al control de calidad.
El gobernador Axel Kicillof volvió a presentar en la Legislatura bonaerense el proyecto para crear una empresa estatal de medicamentos, una iniciativa que ya había impulsado en 2024 y que obtuvo media sanción en Diputados, aunque luego quedó frenada en el Senado. El nuevo texto mantiene la estructura original, pero suma modificaciones en distintos aspectos.
Uno de los principales cambios es la incorporación de la producción y distribución de cosméticos e insumos para su elaboración. De avanzar la propuesta, la empresa podría fabricar productos como cremas dermatológicas, protectores solares, maquillajes, sérums y shampoos.
La iniciativa también amplía el enfoque ambiental. El proyecto incorpora la posibilidad de realizar análisis sobre agua, aire y suelo para detectar riesgos sanitarios, además de estudiar factores físicos, químicos y biológicos que influyen en la salud de la población.
Otra diferencia con la versión de 2024 es que la soberanía sanitaria pasa a formar parte de los objetivos centrales de la futura sociedad estatal. El texto también prevé acciones específicas para fortalecer ese concepto.
Asimismo, el Ejecutivo bonaerense estableció que la producción estará destinada prioritariamente al abastecimiento de hospitales y centros de salud públicos de la provincia y de los 135 municipios, un punto que no figuraba en el proyecto anterior.
La propuesta también incorpora un artículo sobre el control de calidad de los productos elaborados, incluyendo vacunas, insumos médicos e ingredientes farmacéuticos activos.
Según el proyecto firmado por Kicillof, la empresa podrá producir vacunas, productos médicos, equipamiento sanitario, insumos odontológicos, productos domisanitarios, ingredientes farmacéuticos activos y otros elementos vinculados a la salud. Además, estará habilitada para celebrar convenios con organismos públicos y privados sin necesidad de autorización previa del Poder Ejecutivo para cada contrato.
