El ambiente en el Congreso de la Nación atraviesa una fuerte tensión. Mientras los legisladores libertarios hablan de maniobras de espionaje destinadas a desestabilizar al Gobierno, desde la oposición critican la estrategia oficialista de mantener paralizadas las comisiones, lo que impide avanzar en las investigaciones sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el caso del fentanilo adulterado y el polémico proyecto de la criptomoneda $Libra.

En este marco, el bloque de Unión por la Patria comenzó a poner sobre la mesa la posibilidad de desplazar a dirigentes libertarios de dos comisiones estratégicas, con el fin de presionar para que se retome la actividad legislativa. Los apuntados son Nicolás Mayoráz, al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto.

La situación de Espert resulta aún más sensible, dado que no solo lidera la nómina de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires para las elecciones de octubre, sino que también deberá conducir el debate del Presupuesto 2026, que ingresará a Diputados en las próximas semanas según lo estipulado por la Ley de Administración Financiera.

Durante la reunión de la Comisión de Salud, la diputada massista Cecilia Moreau cuestionó con dureza a Mayoraz y a Espert por bloquear las citaciones a Karina Milei y al ministro de Salud Mario Lugones, quienes deben dar explicaciones sobre los casos de presunta corrupción en la ANDIS y la crisis generada por el fentanilo contaminado.

“Esto se resuelve tomando medidas más concretas, y le pido perdón a las autoridades de mi bloque porque no lo hablé antes con ellos. Yo creo que lo que hay que hacer es remover a las autoridades de la comisión de Asuntos Constitucionales por impedir el funcionamiento de nuestra tarea y remover al Presidente de la Comisión de Presupuesto porque está impidiendo el funcionamiento de nuestra tarea. Están buscando desprestigiar al Parlamento, porque sin Parlamento no hay quien controle, se llevan puesta la Argentina”, advirtió Moreau.

Fuentes de la bancada peronista señalaron que el descontento con Espert se profundiza día a día y que no sería difícil conseguir respaldo de los bloques opositores dialoguistas para avanzar en su eventual salida.

El artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que las comisiones eligen a sus autoridades por mayoría simple de votos. Aunque no detalla explícitamente cómo removerlas, se interpreta que pueden ser reemplazadas mediante decisión interna de la comisión o bien por una resolución del pleno de la Cámara.

Desde Unión por la Patria aclararon que la medida aún está en etapa de análisis. A su vez, referentes de los bloques dialoguistas afirmaron que todavía no recibieron propuestas formales, pero tampoco descartaron la idea. “Va a depender todo de la postura que asuma el gobierno cuando se empiece a discutir el proyecto de Presupuesto 2026”, reconoció un diputado de centro con peso político.

Otros legisladores coincidieron en que antes debe resolverse el panorama electoral bonaerense y la sesión del Senado en la que se debatirá el veto presidencial a la emergencia en discapacidad. “Todo depende de cómo vaya escalando el tema de los audios. El Gobierno tiene muchos frentes abiertos”, plantearon.

Asimismo, dirigentes peronistas remarcaron que desplazar a Espert de la Comisión de Presupuesto no tendría como objetivo entregar ese espacio a la oposición. “No hay que romper ningún acuerdo político”, remarcaron, aludiendo a la tradición de que las comisiones de mayor peso institucional —las llamadas “de gobernabilidad”— permanezcan en manos del oficialismo.

En paralelo, ya se analiza que la eventual sustitución de un libertario por otro solo tendría sentido si en la misma sesión se aprueba un emplazamiento que fije un calendario de funcionamiento para las comisiones.

Los emplazamientos son una herramienta prevista en el reglamento que obliga a tratar un proyecto en un plazo determinado. Según datos de Directorio Legislativo, en 2010 se utilizó tres veces, en 2014 dos, en 2022 una y en 2024 otra. En lo que va de 2025, ya se aplicó doce veces, reflejando cómo el oficialismo compensa su debilidad parlamentaria evitando que los proyectos opositores avancen al mantener cerradas las comisiones.

“Después veremos si tenemos las firmas para sacar un dictamen en la comisión, eso es parte de las reglas del juego. Pero lo que no se puede es mantener las comisiones cerradas para que el Congreso no funcione”, sostuvo un dirigente de Unión por la Patria.