El escándalo generado por la participación de la jueza Julieta Makintach en un documental centrado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ya tuvo su primera repercusión institucional: los diputados provinciales de La Libertad Avanza, Florencia Retamoso y Agustín Romo, presentaron una denuncia formal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de promover su remoción por presunto mal desempeño en sus funciones.

En su presentación, los legisladores no solo solicitaron que se la suspenda de manera preventiva, sino también que, una vez sustanciado el proceso, «se ordene la destitución de la denunciada».

«Interponemos formal denuncia contra la doctora Julieta Makintach, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial San Isidro, para determinar si sus conductas frente al tribunal que debate las responsabilidades de médicos y trabajadores de la salud respecto a la muerte del Sr. Diego Armando Maradona encuadran hechos que ameritan la acción de remoción por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones», señalaron Romo y Retamoso.

Los hechos en cuestión giran en torno a su rol dentro de una producción audiovisual que grabó sin autorización el juicio en el que ella misma debía impartir justicia. Según lo expuesto, la magistrada fue grabada mientras conducía su vehículo, acompañada por una entrevistadora -identificada luego como “la guionista” de la miniserie-, y un camarógrafo que la filmaba desde el asiento trasero.

Entre las conductas reprochadas, los diputados enumeraron una serie de faltas que, a su juicio, habilitan el pedido de enjuiciamiento: la violación de deberes propios del cargo, acciones incompatibles con la integridad del rol judicial, graves irregularidades procesales, e incluso la posibilidad de haber ejercido actividades ajenas a la función pública como el comercio o la industria.

Los denunciantes también hicieron referencia a la declaración testimonial del camarógrafo Jorge Huarte, quien registró a Makintach dentro del edificio de Tribunales en San Isidro, como prueba clave para argumentar la falta de ética de la jueza.

Además, advirtieron sobre «acciones u omisiones que configuren una desviación de la buena conducta exigida por la Constitución para ejercer la magistratura”.

Como parte de la solicitud elevada, reclamaron que la Procuración General bonaerense remita a la Subsecretaría de Control Disciplinario del Jurado de Enjuiciamiento la documentación relacionada con el sumario administrativo que ya se inició contra Makintach por su conducta en el marco del juicio. También pidieron que el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro —tribunal en el que la jueza actuó por subrogancia— remita las actuaciones vinculadas a su participación en el proceso.

Por último, los legisladores reclamaron medidas periciales: exigieron el secuestro y resguardo de los teléfonos móviles de Makintach, tanto personales como institucionales, así como del material audiovisual registrado durante las audiencias. Asimismo, solicitaron que se nombre un perito en informática forense para analizar la información digital, garantizando la preservación de la cadena de custodia y la confidencialidad de los datos.