Los diputados nacionales del bloque Encuentro Federal iniciaron un proceso para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presente ante la Cámara baja y responda por la no aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El proyecto fue presentado por Oscar Agost Carreño y respaldado por Miguel Ángel Pichetto, Esteban Paulón, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer y Mónica Fein. Se trata del paso previo a una moción de censura, herramienta constitucional que, de aprobarse con mayoría absoluta, puede provocar la remoción inmediata del funcionario.

El bloque acusó al Ejecutivo de desoír leyes aprobadas por el Congreso y de promulgar la normativa con condicionamientos considerados ilegales e inconstitucionales. En el texto, Agost Carreño y sus pares señalaron que el Decreto 681/25 suspendió la aplicación de la Ley 27.793 hasta que el Congreso asigne partidas específicas en el Presupuesto. Según el proyecto, esa decisión constituye “un condicionante inaudita, ilegal e inconstitucional” y representa “la vocación del Ejecutivo de continuar gobernando discrecionalmente y sin ‘la molestia’ de este Congreso”.

Los legisladores remarcaron que el Gobierno “viene gestionando de un modo absolutamente discrecional la asignación de los recursos ya que no ha propiciado la sanción de un solo presupuesto” y que esto generó un “conflicto de poderes en lo político, pero a la vez un conflicto jurídico”. Para ese escenario, argumentaron, la Constitución prevé “la interpelación y moción de censura, que es lo que se está promoviendo”.

Críticas directas y acusaciones públicas

El presidente del bloque, Miguel Ángel Pichetto, expresó en su cuenta de X: “Lo informado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles”.

Por su parte, Esteban Paulón sostuvo que “el Decreto 681/25 es inconstitucional y nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente. Mientras libera retenciones para calmar al dólar, dice que no hay presupuesto para la discapacidad. Esa maniobra es siniestra e inadmisible. La ley está para cumplirse y las personas con discapacidad necesitan respuestas urgentes”. Además, amplió su denuncia contra Javier Milei en Comodoro Py por el incumplimiento de la misma normativa.

En los fundamentos, Agost Carreño advirtió que “la promulgación de la ley aludida, pero sin cumplir, sienta un peligroso antecedente puesto que mediante una interpretación ilegal e inconstitucional condiciona a un poder del Estado en su labor”. Y cuestionó: “La pregunta madura por sí sola, ante un contexto de emisión cero, equilibrio e incluso superávit fiscal, ¿Por qué está tan urgido de divisas?”.

El diputado cordobés cerró con una reflexión sobre la política económica del Gobierno. “No corresponde hacer dicho análisis aquí puesto que excede el objeto de los presentes fundamentos, pero es una clara muestra que algunas cuestiones, en el plan económico, no están funcionando”.

Una herramienta de control político

La moción de censura, incorporada en la reforma constitucional de 1994, es el mecanismo por el que el Poder Legislativo exige responsabilidad política al Ejecutivo. Consta de dos etapas: la interpelación y la ejecución. Si la Cámara aprueba la segunda con mayoría absoluta, la remoción del funcionario es inmediata. Aunque el Presidente puede volver a nombrarlo, la votación representa un golpe político que tensiona la relación entre los poderes del Estado.

Con este proyecto, Encuentro Federal colocó en el centro del debate la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la conducta del Poder Ejecutivo frente a normas sancionadas por el Congreso. El resultado de esta pulseada legislativa puede convertirse en un test clave para medir los límites del actual esquema de poder.