La Cámara de Diputados aprobó con 147 votos a favor, cuatro en contra y una abstención el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual impulsado por el gobierno nacional, con votos aportados por el Frente para la Victoria, el Movimiento Popular Neuquino, Encuentro Popular, la Concertación, Solidaridad e Igualdad y el Socialismo, entre otros.

Una primera lectura del tablero electrónico indicó 146 votos afirmativos, tres negativos y tres abstenciones, con 104 ausentes, pero las verificaciones posteriores impusieron una ligera corrección de los guarismos finales.

Tras más de trece horas de debate y después de la aprobación en general, los diputados debatieron en las primeras horas de hoy cada artículo de la iniciativa en particular, en un trámite en el que varios legisladores propusieron modificaciones al texto original.

El debate realizado en el marco de una sesión especial se inició poco antes de las 11:30 de ayer con un quórum de 130 legisladores, integrado por la presencia mayoritaria de los diputados del bloque del Frente para la Victoria y aliados de centroizquierda, del SI, del Encuentro Popular y Social, de la Concertación y del Partido Renovador salteño, entre otros.

Al abrir el debate, el titular de la Comisión de Comunicaciones, Manuel Baladrón, dijo que se trata del proyecto que, "junto a la Ley Federal de Educación, ha llegado al Congreso Nacional con más aire fresco de consenso de distintos sectores", fruto de los foros de debate realizados en todo el país. Además, dijo que busca saldar "una vieja deuda" del Congreso con la sociedad.

Tras la exposición del miembro informante, diputados opositores de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica plantearon cuestiones de privilegio para denunciar supuestas irregularidades en la firma del dictamen y en el desarrollo de la sesión especial que -según aseguraron- "no respeta lo establecido en el reglamento de la Cámara".

Al fundamentar la postura de la UCR, la titular de la Comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giúdici, anticipó el rechazo de esa bancada al proyecto y sostuvo: "La libertad de expresión no es negociable. Es la posibilidad y el derecho de buscar recibir y difundir información como nos parezca".

En esa línea, desde Diálogo por Buenos Aires, Miguel Bonasso se mostró en contra del proyecto e insistió en que el Parlamento debe tener "el control de la Autoridad de Aplicación". Además, dijo que no veía se establecieran en la norma "los mecanismos para competir con eficiencia contra los medios concentrados".

La Coalición Cívica, a través del diputado Fernando Iglesias, cuestionó "las atribuciones y las competencias abusivas de la ley" y consideró que "es vergonzoso que la Autoridad de Aplicación siga teniendo mayoría oficialista".

Asimismo, desde el PRO, Luis Galvalisi se mostró en contra de la iniciativa y dijo que "carece de un análisis profundo", al considerar que "el pueblo no conoce lo que implica esta normativa y eso pone en riesgo a la Nación y a la República".

Finalmente, legisladores de la UCR y de la Coalición Cívica ofrecieron una conferencia de prensa para explicar que se retiraban del recinto por no compartir "la metodología de tratamiento de la ley". A esta medida se sumaron el PRO y el PJ disidente.

A diferencia de sus aliados de la UCR y de la Coalición Cívica, la titular del bloque de diputados del Partido Socialista, Silvia Augsburger, anticipó que esa bancada iba a respaldar en general la norma, al afirmar que "si se pone en una balanza el texto vigente, el de la Dictadura con las modificaciones de la democracia y éste, la balanza se inclina en favor de este último".

También, la diputada de Libres del Sur que integra el bloque Encuentro Popular y Social, Cecilia Merchán, recordó que esa fuerza trabajó "incansablemente para que este proyecto exista" y destacó las modificaciones logradas en torno a la autoridad de aplicación para "equilibrar" ese organismo.

Por su parte, el diputado nacional de Buenos Aires para Todos-Proyecto Sur, Claudio Lozano, anticipó que esa fuerza iba a acompañar en general el proyecto aunque dijo que iba a plantear cambios en la discusión en particular de la norma.

En el cierre del debate, el presidente de la bancada oficialista, Agustín Rossi, enfatizó: "Comprendemos lo que dicen algunos diputados de otros bloques e incluso de nuestra propia bancada respecto a los tiempos para tratar la ley; pero había y hay muchas presiones, descalificaciones y amenazas, por eso el tiempo no es un tema inocuo". "Por ejemplo las audiencias públicas que realizamos desaparecieron durante varias horas de muchos canales de noticias; y a mayor tiempo que transcurría, la presión que se ejercía y que se ejerce -sobre los legisladores- iba a tener más posibilidades de concretar su fin", remarcó.

EL TEXTO APROBADO

El proyecto que obtuvo media sanción en el recinto cuenta con modificaciones y la principal, que fue anunciada el lunes pasado por la presidente Cristina Kirchner, es la eliminación de la participación de las empresas de telefonía en la explotación de señales televisivas, con la salvedad de las cooperativas telefónicas del interior del país.

Otro de los cambios al proyecto original está vinculado con la conformación de la Autoridad de Aplicación que pasará de 5 (como establecía la primera redacción) a 7 miembros: 2 por el Poder Ejecutivo, 3 propuestos por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual (uno por la primera minoría, otro por la segunda y el último por la tercera minoría) y 2 por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.

Por otro lado, se modificó la "prórroga" de las licencias y se incluyó en el dictamen que "las licencias serán susceptibles de prórroga por única vez, por un plazo de diez (10) años, previa celebración de audiencia pública realizada en la localidad donde se preste el servicio, de acuerdo a los principios generales del derecho público en dicha materia".