Cambiemos y el peronismo no K de la Cámara de Diputados motorizan la aprobación de un proyecto de ley originalmente redactado por Diego Bossio que propone liberar los precios para Papel Prensa, la empresa monopólica que prové de papel a los diarios del país.

En 2011, en el punto más álgido del enfrentamiento con Clarín, el kirchnerismo había regulado los precios de Papel Prensa, considerando “de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios”. El reclamo de una ley que modificara ese régimen es un planteo de larga data de los diarios Clarín y La Nación, los más importantes matutinos impresos del país, así como de algunos medios del interior nucleados a través de la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina (Cooppal).

El artículo más polémico de la ley, que el proyecto de Bossio propone derogar, es el 20 que obliga a la empresa a vender el papel a un precio único y público, evitando la venta a precios diferenciales para los grandes compradores (como forma de facilitar el acceso al papel para los medios de menor tirada). Otros de los artículos que se derogarían son los 24, 25, 26 y 27 (que regulan la cantidad de producción nacional y de importación de pasta celulosa y papel para diarios para garantizar el abastecimiento del mercado local) y el 40 (que obliga a la empresa a “operar como mínimo a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel” y a presentar cada tres años planes de inversión).

El proyecto desregulador de Bossio, que ingresó hace una semana a la Cámara, ya obtuvo las firmas de apoyo de Mario Negri y Nicolás Massot (líderes del bloque Cambiemos), de Pablo Kosiner (jefe de bloque del Peronismo federal), de Marco Lavagna y Alejandro Grandinetti (diputados del Frente Renovador), entre otras adhesiones, y comenzó a ser discutido en la comisión de Comercio.

Si bien los impulsores tienen mayoría para lograr dictamen en esa comisión, se descarta que el kirchnerismo intentará que el proyecto se gire también a la comisión de Libertad de Expresión, presidida por Leopoldo Moreau, que podría demorar el trámite del proyecto.